“Las extorsiones desde las cárceles comenzaron alrededor del 2012, pero cobraron auge en el 2014”, afirma Boteo. Desde entonces, los celulares tienen alta demanda para los extorsionistas tras las rejas: son el boleto para cobrar y recibir miles de quetzales de sus víctimas. Apenas en el 2013 había cobrado vigencia la Ley de Equipos Terminales Móviles (LETM), o decreto 8-2013 que —entre otras disposiciones— prohíbe el uso de celulares en las cárceles.
El jefe policial revela que los guardias penitenciarios ingresan los celulares a la cárcel para los reos a cambio de dinero o porque los reos los amenazan de muerte. No es difícil cuando la proporción, en promedio, es de un guardia por cada 10 internos. La sobrepoblación carcelaria supera el 400% (25 mil 296 reos donde solo debería haber seis mil). Por ejemplo, en la Granja de Rehabilitación Cantel, en Quetzaltenango, la capacidad es para 625 reos y hay dos mil 263. También es la cárcel de donde se generan más llamadas de extorsión, particularmente hacia el occidente del país y el departamento de Guatemala, según el MP.
“La población de Cantel es inmensa, y la cantidad de guardias es limitada”, reconoce el gobernador de Quetzaltenango, Julio Quemé. “Un día comentamos en broma, aunque también en serio, que si la gente en la Granja Penal quisiera amotinarse y huir, lo podría hacer”. No hay capacidad para evitarlo.
Las llamadas por extorsión se realizan desde varias cárceles, pero entre las principales, además de Cantel, están Pavón y Fraijanes 2 —en Fraijanes, Guatemala—, el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, el Infiernito en Escuintla, la Cárcel para Hombres en Puerto Barrios, Izabal, y El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa.
Jugar al gato y al ratón
En las cárceles, parte del contrabando entra por la puerta grande, previo acuerdo —aunque no siempre funcione. En la puerta principal de Cantel han decomisado teléfonos, licor y drogas. Boteo dice que las extorsiones bajan cuando hay presencia policial en la entrada los días de visita.
Algunas visitas llevan celulares ocultos en cavidades corporales donde la persona promedio no ocultaría un celular. “Buscan mujeres con bastante sobrepeso y que, por lo general, se dedican a la prostitución”, dice el jefe policial. Este año, la PNC registró varios casos. Entre estos, había cuatro mujeres que llevaban celulares y marihuana ocultos en esas circunstancias. Fueron detenidas en Escuintla, cuando iban a la Granja Canadá. En otro caso, una mujer se desmayó en la cola de espera de la visita; había empezado a sangrar. Llevaba dos teléfonos.
Las autoridades han incautado en todo el país 2,943 celulares vinculados con las extorsiones, entre enero del 2018 y octubre del 2019, según el MP. De esa cifra, 1,006 han sido incautados en las cárceles, según la PNC.
No ayuda que en las puertas de ingreso de Cantel, y otras cárceles, no hay detector de metales, o hay, pero no funciona. El gobernador Quemé dice que hace meses solicitó un equipo de escaneo corporal al SP para Cantel, y no le han respondido. Una vez los celulares llegan a manos de los reos, algunos optan por también ocultarlos en sus cuerpos para que no los encuentren durante las requisas, según Boteo. Por eso, las incautaciones en la puerta de ingreso son claves.
“Capturar a los colaboradores de los reos extorsionistas es como amarrarles las manos”, señala. “Si se suspende la visita por un mes, por requisas e inspecciones, no hay muertos por extorsiones ni extorsiones de imitadores en las calles por un mes”.
Los imitadores son extorsionistas que fingen ser pandilleros o miembros del crimen organizado para amedrentar a sus víctimas, y la PNC les atribuye entre el 70% y 80% de todos los casos.
Alcances de los imitadores
La asesoría de la PNC y el MP es clave para las víctimas, para saber cómo actuar según el perfil del extorsionista. En el caso de Mirna Elizabeth Juárez, alias la Rancherita, la mujer que perdió las manos cuando intentó dejar un explosivo en el interior de un bus de transporte colectivo en la capital, en enero pasado 2019, ella colaboraba con la pandilla Barrio 18, pero su líder es un sujeto encarcelado que no es pandillero ni miembro del crimen organizado, según Boteo. Es una especie de outsourcing criminal, que a Juárez le costó una condena de 50 años de cárcel.
Boteo explica que los imitadores tienen colaboradores en la calle para efectos de amedrentar por vía telefónica, pero en la mayoría de los casos carecen de los recursos para realizar atentados como el del bus. Sin embargo, en la cárcel, los imitadores consiguen información de sus víctimas en las redes sociales —tienen acceso a wifi gracias al efectivo contrabando de cientos de metros de cable coaxial, módems y enrutadores—. También consiguen números de víctimas potenciales con contactos en la calle que abordan a tenderos o negocios que venden saldo de celular, para lo cual el comprador debe facilitar su número telefónico.
Los contactos en la calle de los imitadores son clave para hacer sus amenazas creíbles. “Triangulan llamadas entre la cárcel, un colaborador en la calle y la víctima”, explica el jefe policial. “Entonces, le dicen, ‘Aquí te estoy vigilando desde tal lugar, voy en moto —mientras el contacto en la calle acelera una moto—’, entonces la víctima sí cree que le llaman desde la calle, porque escucha el ruido del motor, sin imaginar que su extorsionista está encerrado en la cárcel”.
Muchas víctimas no esperan a averiguar si las amenazas son reales, y pagan o cierran su negocio porque no pueden pagar la extorsión. Hay suficientes casos reportados de víctimas asesinadas por pandilleros u otros criminales, porque se rehusaron a pagar una extorsión, y eso le basta al resto para ceder. Los pandilleros también extorsionan desde la cárcel.
Golpes bajos en puntos ciegos
En Cantel, tres mallas separan el penal de la vía pública, en las afueras de Quetzaltenango. Cuando no aparecen algunas secciones cortadas, según el MP, la PNC dice que basta lanzar un celular desde afuera, para que lo reciba un interno del otro lado. A veces lanzan tantos, que dos internos extienden una manta tomada de los cuatro extremos para no dejar caer ninguno. Es un modo favorito de ingresar objetos de posesión ilícita en la cárcel porque no hay suficientes guardias, según el gobernador Quemé.
Desde afuera, los cómplices de los reos impulsan, estilo catapulta, bolsas o costales con el botín, para que caigan adentro de Cantel. En diciembre del 2018, así trataron de meter a la cárcel un enorme costal de cervezas y licor para el convivio de los reos a fin de año. El tamaño del costal les impidió ingresar el contrabando furtivamente.
“Hemos hecho operativos en la granja, patrullajes perimetrales y llevado un dron para sobrevolar los puntos ciegos donde se congregan los reos que quieren usar su celular, y esto ahuyenta a los privados de las áreas donde hay señal”, explica Quemé. “Es un disuasivo, y optan por irse”. No obstante, las autoridades hacen requisas semanales para incautar celulares y otros equipos de comunicación que constantemente son ingresados a Cantel y otras cárceles en Escuintla, Chimaltenango y Fraijanes.
El actual director del SP, Jonathan Pier Hernández Esquivel, quien tomó posesión el pasado 16 de septiembre, reveló que no en todos los centros detención ni de cumplimiento de condena existen antenas con bloqueadores de señal. “En donde existen, no abarcan todo el perímetro del centro”, dice Hernández. “Existen puntos vulnerables de señal”.
Adentro de las cárceles, son vox populi los puntos donde los bloqueadores de señal no funcionan. Son fáciles de identificar. Basta observar dónde se aglomeran los reos. En una ocasión, un investigador de Dipanda de Quetzaltenango observó a unos 400 reos parados a lo largo de la malla haciendo llamadas. No quiere decir que todos eran extorsionistas. El detective asume que algunos hablaban con familiares.
#Alerta🚨
Estos son algunos números telefónicos que son utilizados para realizar extorsiones. Le pedimos favor de los difunda para prevenir que más delitos se cometan. #NoMásViolencia
Fuente: @PNCdeGuatemala pic.twitter.com/RFQcJF24Bi— Grupo de Apoyo Mutuo (@apoyomutuo) October 24, 2019
El fiscal Antonio Díaz, de la Fiscalía contra las Extorsiones de Quetzaltenango, dice que en un allanamiento observó a unos 150 reos parados atrás de una de las porterías en una cancha de futbol. No es que prefirieran ver los goles desde ese ángulo. Aprovechaban un punto ciego del bloqueo de celulares. Hace 10 años observó lo mismo, exactamente en el mismo lugar, el jefe de la Defensoría de los Privados de Libertad, en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Gerardo Villamar Ramírez. Poco ha cambiado.
Además, las antenas bloqueadoras de señal lo hacen principalmente alrededor de Cantel, no adentro, donde los únicos que pierden la señal son los fiscales que dirigen los allanamientos, según una fuente del MP en la capital. “Hace tiempo, el SP dijo que iba a trasladar a Cantel otra antena bloqueadora que tienen en Matamoros —en la capital— y que no está en uso, pero nunca lo hicieron”, dice Díaz.
El gobernador Quemé dice que también ha solicitado que recalibren las antenas, pero el SP tampoco le ha dado una respuesta concreta. En el Movimiento Pro Justicia, la activista Carmen Aída Ibarra señala que el bloqueo no funcionó porque los reos y guardias sabotearon los aparatos.
“—Las empresas de telefonía— cumplieron con los bloqueadores, pero el Ministerio de Gobernación (Mingob) no protegió los aparatos, y se negaba a la instalación porque consumirían energía eléctrica”, dijo Ibarra. “Cuando fue declarada inconstitucional la ley Tigo —Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos)—, las telefónicas quisieron donar los aparatos al Mingob para que ellos se hicieran cargo, pero el Mingob nunca los aceptó. Hay evidencia de que no hay voluntad en el Mingob ni en el SP para atacar este problema”.
El director del SP señala que, desde que está en el cargo, “se cumplen con todos los lineamientos de seguridad en cada centro de detención para evitar el ingreso de ilícitos”. Agregó que el SP también colabora con otras autoridades cuando realizan allanamientos y requisas.
Otros obstáculos
Boteo dijo que la Ley del Régimen Penitenciario ordena que los reos tienen derecho a comunicarse con sus familiares por vía telefónica, pero la LETM impide que la forma de comunicación sea por teléfonos celulares adentro de las cárceles.
Una solución, según Villamar, es que el SP instale teléfonos de línea fija en las cárceles para el uso de los internos, y que las autoridades monitoreen todas las llamadas para asegurarse que no sean utilizados para delinquir. Sin embargo, parece poco viable considerando que el 94% del presupuesto del SP —Q476.6 millones— es para salarios y funcionamiento, según el director Hernández. Además, explicó el funcionario, el 6% restante —para inversión— no se puede ejecutar porque depende de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que el Congreso de la República no ha aprobado. No obstante, aunque la medida de los teléfonos de línea fija fuera viable, no evitaría por sí sola el contrabando de celulares porque el incentivo es su utilización para extorsiones.
Muchas veces, la PNC y el MP no logran averiguar de quién es el número de celular que investigan porque está registrado con un nombre y Documento Personal de Identificación (DPI) falsos, según Díaz. Las autoridades lo atribuyen a que la mayoría de vendedores ambulantes de celulares no se cercioran de que el nombre y el DPI del comprador son verdaderos. Sólo apuntan el número.
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Un funcionario del MP se queja de que a las empresas de telefonía celular no les interesa cancelar los números porque perderían dinero al sacarlos de funcionamiento —aunque sea tiempo de aire utilizado para cometer delitos. Un exejecutivo de una de esas empresas lo confirma. “Les dan cuotas —a los vendedores ambulantes— de cuántos celulares deben vender en la calle”, dice. “No es realista pretender que las empresas logren que los subcontratistas controlen lo que hacen sus vendedores, y los obliguen a obtener una copia del DPI de todos los compradores”.
Boteo confirma que, por la competencia en el mercado, los vendedores deben cumplir metas de ventas. “Conozco a un vendedor de la 18 calle —zona 1 capitalina— que debe vender Q20 mil por semana”, dice el jefe policial. “Por eso, no les importa cómo vendan los teléfonos, con DPI falso o datos de otra persona que ya les compró antes”. El MP señala que rara vez se vincula un número utilizando en extorsiones a un DPI real. No obstante, al consultar a Claro y Tigo respecto de qué postura adoptan ante solicitudes de bloqueo de números usados en extorsiones y asegurarse de que los vendedores de teléfonos verifiquen la identidad del comprador, sus portavoces aseguraron que cumplen con cuanto la ley demanda de sus empresas en esta materia.
Un informe del Movimiento Pro Justicia, del 2016, demuestra que poco ha cambiado en los últimos tres años. Una de sus conclusiones señala que “se comprobó que la Superintendencia de Telecomunicaciones no ejerce ninguna supervisión sobre los registros de comercializadores, importadores, vendedores y distribuidores que debiesen llevarse en los centros comerciales y kioscos”. Ahora, el caso también aplica a los vendedores ambulantes.
Entretanto, la PNC y el MP requisan cárceles como Cantel todas las semanas, y vuelven a incautar más teléfonos. La semana siguiente repiten la historia. Y así sucesivamente.
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