La empresa que recibió el contrato está representada por medio de sus apoderados especiales, Juan Carlos Nava Gomar e Hilario de Jesús Orozco Unzueta.
El consorcio de capital mexicano Grupo Tradeco, integrado por las empresas Innovaciones Técnicas de Cimentación, S. A. de C. V. (Itecsa); Inmobiliaria Rancho Sierra e Internacional Heavy Construction, Inc., es el encargado de construir el centro de cumplimiento de condenas para hombres.
El Mingob adjudicó el 11 de agosto del año pasado a Itecsa el contrato por US$87.9 millones —unos Q668 millones—.
Del costo total de la cárcel de máxima seguridad se destinarán Q16.5 millones para el diseño, Q581.8 millones para la edificación y Q69.7 millones para equipamiento.
Los fondos para la construcción del centro penal, en una finca de Masagua, provendrán del préstamo 2181 adquirido con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), según el contrato firmado el 26 de agosto del 2020.
La cárcel, el estudio y el pago
El plan autorizado estipula dos fases que durarán 18 meses desde la adjudicación: cinco para la preinversión y 13 para la construcción y equipamiento.
La prisión está diseñada para albergar a tres mil privados de libertad de alta peligrosidad, que por ahora permanecen en los distintos centros penitenciarios del país.
Al respecto, Corinne Dedik, investigadora del área de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), considera que la construcción de una cárcel de máxima seguridad es “urgente” y una buena oportunidad para mejorar las condiciones del Sistema Penitenciario (SP).
“Es importante que se pueda ejecutar este préstamo de la manera más eficiente y productiva para el país, con infraestructura carcelaria que reúna todos los requisitos de calidad”, enfatizó.
Sobre el desembolso, expuso que “esos estudios son necesarios para poder iniciar la construcción y han sido presupuestados en el préstamo del BCIE”.
Por el contrario, Eddy Morales, exdirector del SP —2008-2012—, expresó dudas por la autorización del pago a Grupo Tradeco, pues a su juicio es “impresionante” que una consultoría cueste Q17 millones, lo que considera una “evidente sobrevaloración”.
Para el exministro Francisco Rivas estos estudios se hacen necesarios “porque no tenemos en Guatemala una cárcel que cumpla con estándares internacionales donde los privados de libertad estén controlados y que no sean ellos quienes tengan el control”.
Además, dijo, “como país no tenemos la capacidad para construir cárceles de máxima seguridad”.
Según Rivas el ministerio no cuenta con expertos, ni tiene convenios de cooperación con entidades internacionales que lo puedan hacer. Agregó que el costo es justificable siempre y cuando la empresa tenga la experiencia, la capacidad y respaldo para hacerlo
El titular del Mingob, David Napoleón Barrientos, aseguró que hasta ahora el desembolso solo de autorizó mas no se ha entregado y que este servirá para hacer los estudios de preinversión que se ha establecido en el contrato que se firmó con la empresa.
Indicó que esos trabajos se pagarán en cinco fases y consisten, entre otros, en el análisis de gestión del riesgo, replanteo topográfico, estudio de suelos, estudio hidrológico, diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño de sistemas de agua, alcantarillado, aguas residuales e instalaciones eléctricas, planos de construcción, especificaciones, cronograma de ejecución, estudio de impacto ambiental, proyecto ejecutivo, etc.
Caso en México
Itecsa, subsidiaria de Grupo Tradeco o Tradeco Centroamérica, trabajó en Guatemala en 1997 para la Municipalidad de Guatemala durante la gestión de Óscar Berger. Le prestó el servicio de venta e instalación de semáforos.
Este consorcio enfrenta señalamientos y procesos legales en otros países. En Honduras se le sindica de haber hecho negocios con el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano, Tony, extraditados a Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. El segundo cumple condena.
Además, la Fiscalía General de la República (FGR) de México investigó en el 2020 ocho contratos de prestación de servicios a largo plazo que autorizó el entonces presidente Felipe Calderón en el 2010, para que seis empresas privadas, entre ellas Tradeco, construyeran ocho reclusorios por 300 mil millones de pesos mexicanos, con una vigencia por 22 años.
El argumento de Calderón en aquel entonces, según medios de ese país, era el riesgo a la seguridad pública y por eso otorgó en “adjudicación directa” los ocho contratos plurianuales a seis compañías privadas: ICA, Prodemex, Arendal, Homex, Tradeco y GIA.
Esto obligaba al gobierno federal a entregar recursos públicos durante 22 años, hasta el 2032, por 199 mil 476.6 millones de pesos, a razón de nueve mil 3 millones 418 mil al año.
Las investigaciones de la FGR determinaron que funcionarios cometieron delitos penales de fraude genérico, administración fraudulenta, ejercicio ilícito del servicio público y daño patrimonial al Estado mexicano. El caso sigue abierto.
La FGR también investiga la posible relación de otros expresidentes mexicanos como Vicente Fox y Enrique Peña Nieto con el Grupo Tradeco, por supuestamente haberla favorecido con contratos durante sus sexenios de gobierno.
