Según el MP, se trata de una inversión a plazo fijo que sirvió para obtener la fianza o seguro de cumplimiento del contrato del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss) y la Droguería Pisa de Guatemala S. A., por un monto de Q11 millones 622 mil 703.50 y Q766 mil 255.65, que habrían sido generados como intereses.
La fiscal de Extinción, Lorena Maldonado recordó que la investigación determinó que se trató de una inversión a plazo fijo que estaba destinada para que el Seguro Social avalara un contrato para la atención de los enfermos renales.
“Se trata de una inversión a plazo fijo que sirvió para obtener la fianza o seguro de cumplimiento del contrato del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Droguería Pisa de Guatemala S.A., en concepto de intereses que la primera cantidad generó invertida en una financiera mientras soportaba la garantía de cumplimiento del contrato”, mencionó la fiscal Maldonado.
Investigación
Según las pruebas que recopiló el MP, existieron “diversas irregularidades”, esto permitió que la jueza López avalara la acción de extinción de embargo, tal es el caso de la subcontratación por parte de Pisa de la entidad Medicina Corporativa S. A., completamente ajena al proceso de licitación para prestar el servicio en el IGSS, acción prohibida en el contrato administrativo.
El plazo del contrato entre el IGSS y Pisa era de 24 meses, pero Droguería Pisa decidió contratar bajo otros términos con Medicina Corporativa S.A., acordando que “podía darse por terminado en cualquier momento”.
Indicios
De acuerdo con la investigación de la Unidad de extinción de dominio, Pisa y Medicina Corporativa, suscribieron el contrato privado de prestación de servicios médicos y hospitalarios peritoneal ambulatoria, un día antes del vencimiento de la fecha para presentar oferta de licitación ante el IGSS, lo que denota la premura con la que actuaron y como consecuencia que no estaban preparados para lograr la obtención de la contratación.
Además, durante la ejecución del contrato, también se presentaron anomalías que no fueron debidamente advertidas por las autoridades del IGSS, cuales hubieran permitido reclamar la garantía de seguro de caución de cumplimiento.
Argumento de abogado
David Pineda, abogado de la entidad Pisa, mencionó en sus alegatos que existen ilegalidades en el caso, como la interceptación de llamadas telefónicas. “Eso es algo que no está fundamentado, se entiende que este es un proceso distinto, pero a ninguno de los señalados en el caso IGSS-Pisa-Chiquimula los condenaron en primera instancia y el Ministerio Público no apeló en la segunda instancia”.
Ante la jueza de Extinción de Dominio, Rosa López, se desarrolla el debate para discutir que si pasan a manos del Estado más de Q12 millones en el caso #IGSS-Pisa-Chiquimula
En este caso, en apelación especial, una sala decretó la inocencia de los acusados. pic.twitter.com/N0vL4bs91V— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 27, 2019
Antecedente
En mayo del 2015, la cúpula del Igss fue capturada bajo señalamientos de corrupción por la adjudicación anómala de un contrato por Q116 millones a favor de Droguería Pisa para atender a pacientes con insuficiencia renal.
Las investigaciones revelaron que el contrato estaba plagado de irregularidades y que incluso hubo un pago por la aprobación.
Por este caso el Tribunal Undécimo Penal condenó el año pasado a la exjunta directiva del Seguro Social, que dirigió Juan de Dios de la Cruz Rodríguez a seis años de prisión aunque la Sala Tercera de Apelaciones los declaró inocentes.
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