Una promesa de campaña del presidente Alejandro Giammattei fue dejar en 8 y 11 muertes por cada 100 mil habitantes el índice de homicidios al final de su administración. ¿Cuán lejos están de cumplir esto?
Trabajamos cada día para el control y reducción de los homicidios. La meta en la política general de gobierno es reducir en 8.8 puntos la tasa por cada 100 mil habitantes, tomando como base el dato del 2019 —que era de 21.5—. En 2022 alcanzamos una reducción de 3.8 puntos de tasa, en comparación con el año base. Se registra una tasa proyectada a diciembre de 2022 de 17.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, presentando una leve alza con relación al 2021.
Actualmente la cifra está casi en 18 por cada 100 mil. ¿Qué está ocurriendo?
Hay diversos factores de alto impacto que repercuten en la seguridad del país. El tránsito migratorio, el narcotráfico, la conflictividad social, las estructuras criminales y las pandillas. Esto ha incidido en la generación de violencia. Además, el confinamiento por la pandemia de covid-19, durante el 2020 y parte del 2021, limitó la actividad criminal de las pandillas y la delincuencia común, por lo cual se evidencia descensos significativos de la incidencia criminal, en ese periodo. En el 2022 después del confinamiento, las maras y pandillas se han focalizado en recuperar territorio y extender su actividad criminal hacia el narcomenudeo; esta situación ha generado alto número de muertes de sus integrantes, incrementando con ello la incidencia de homicidios. Otro factor es la conflictividad social. Hemos observado la escalada de violencia entre actores involucrados. Para la recuperación o restablecimiento del orden público ha sido necesaria la concentración de las fuerzas de seguridad en esas áreas de crisis, debilitando en consecuencia, la presencia policial en áreas de incidencia criminal.
¿Dónde ha ocurrido esa conflictividad social?
En este caso particular nos referimos a los problemas que ocurren en las áreas limítrofes de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, Sololá; y Tajumulco e Ixchiguán, San Marcos. Muchas veces se requiere enviar un gran contingente (de más de 900 elementos) para retomar el orden.
En cuanto a violencia homicida ¿Qué cifra considera que podrían alcanzar al final del mandato?
Para el 2023 se tiene una proyección de cierre a 16.12 puntos de tasa por cada 100 mil habitantes.
¿Lejos de la oferta electoral?
Así es, pero hemos hecho el mejor esfuerzo para reducir esa brecha.
De acuerdo con entidades que analizan cifras, desde el 24 de junio viene un aumento en la ola criminal que se cobra vidas. ¿Por qué no se ha logrado controlar eso?
Con el trabajo interinstitucional y el fortalecimiento de la función investigativa y de disuasión, este mes se ha logrado reducir la incidencia criminal. El trabajo policial ha logrado impactar estructuras criminales, por lo que se proyecta que en lo que resta del año, se reducirá la incidencia de homicidios.
Es un aumento del 26% en el corto plazo y son casi mil 450 muertes en casi 125 días. ¿Qué está ocurriendo?
Según los registros policiales, validados por el Ministerio Público y el Inacif, del 24 de junio al 26 de octubre del 2022 han ocurrido mil 069 homicidios.
¿Pero qué está fallando en los planes de seguridad para evitar esas muertes?
Derivado de los planes implementados en esta administración, se han obtenido excelentes resultados, manteniendo una lucha constante ante el combate y desarticulación de las estructuras criminales que se dedican a cometer distintos tipos de delitos, con lo cual se está respondiendo de forma proactiva a la innovación que los delincuentes implementan para continuar operando. Asimismo, es necesario resaltar que la inseguridad tiene múltiples factores causales, que requiere la intervención de todos los actores sociales, para potenciar los resultados positivos. La cultura de la denuncia es de suma importancia.
¿Qué factores inciden? ¿Pandillas, narcotráfico, contrabandistas, situación económica?
Es importante mencionar también la migración de miembros de maras y pandillas provenientes de El Salvador hacia nuestro país, lo que genera confrontación por el control de territorios, lo cual redunda en muerte de sus miembros. Insisto en la conflictividad social, toda vez que para la recuperación o restablecimiento del orden público ha sido necesaria la concentración de la fuerza policial en las áreas de crisis, debilitando en consecuencia, la presencia policial en áreas de incidencia criminal. La migración irregular masiva, que al igual que la conflictividad, concentra la fuerza policial en la protección de la vida de las personas que pasan por el territorio nacional, debilitando la fuerza policial en áreas de mayor incidencia criminal. Los ajustes de cuentas, la poca o nula tolerancia en discusiones tras hechos de tránsito, integración de pandillas, violencia intrafamiliar y delitos pasionales.
Usted indica que la pandemia de covid-19 incidió para disminuir la violencia homicida. ¿Cómo afectó los planes gubernamentales?
El año 2020, como dije, mostró un comportamiento atípico derivado de las disposiciones presidenciales en atención a la contención de la pandemia de covid-19, generando un ambiente favorable para la reducción de la criminalidad. Sin embargo, conforme se fue retornando a la normalidad, principalmente en movilidad, dichas acciones han tenido un aumento en los indicadores de criminalidad. El confinamiento generado por la pandemia durante los años 2020 y parte del 2021, incidió favorablemente en la reducción de la actividad criminal de las maras y pandillas y de otros grupos criminales, por lo cual se evidenció descensos significativos de criminalidad, principalmente en los homicidios. La tasa estuvo en 15.3 homicidios por cada 100 mil habitantes. Los planes de seguridad continuaron con su ejecución, adicionalmente se apoyó con la contención y prevención del coronavirus.
¿A su criterio, qué están haciendo bien?
El fortalecimiento de los procesos de profesionalización ha permitido mejorar la formación de personas que se incorporan a la institución en las especialidades de prevención, investigación y combate del delito. Para alcanzar los resultados durante el 2022 se implementaron servicios de seguridad policial en áreas de mayor incidencia de homicidios; acciones de prevención del delito, operativos policiales, investigaciones que han dado como resultado que durante el presente año se cuenta con 129 municipios que no registran homicidios.
Pero evidentemente hay cosas que no están funcionando ¿Cuáles son esas debilidades?
Existen diversos factores macro que impactan directa e indirectamente a la seguridad del país. Por ser un ministerio de seguridad, los agentes policiales están expuestos a distintos riesgos, lo cual genera bajas en nuestros estados de fuerza. A pesar de trabajar con distintos planes operativos, se genera un impacto considerable en el despliegue de las fuerzas en atención a la conflictividad social, manifestaciones y el apoyo a la ciudadanía ante cualquier amenaza o daños por desastres naturales. La seguridad en Guatemala se encuentra por debajo de los indicadores internacionales que exigen al menos 3.3 policías por cada mil habitantes, de considerarse dicha referencia, se tiene como déficit aproximadamente 16 mil 180 policías. A pesar del déficit, el capital humano es la mayor fortaleza en valoración de sus capacidades.
¿Y las fortalezas?
Hay un excelente equipo de trabajo, especializado en sus áreas, comprometido y dedicado a cumplir cada uno con sus funciones. La estrategia de Transformación Policial responde a la necesidad de crear institucionalidad policial adaptable y coherente a las demandas de la población guatemalteca. Se han especializado mil 665 agentes en diversas áreas.
Ha incidido que usted es el cuarto ministro durante este gobierno para no consolidar los planes. ¿Cree?
No. Desde enero del presente año, se han generado acciones que han dado resultados en la reducción de incidencia criminal.
¿Qué está pasando en la PNC? A propósito de capturas y detenciones de agentes.
Es el resultado de los procesos de autodepuración que forman parte de la estrategia de Transformación Policial denominada “Controles Internos”, que tiene como objetivo garantizar la legalidad, transparencia y efectividad de la función policial. Esta acción continuará.
Otra promesa de campaña del presidente fue la construcción de cuatro centros de detención. ¿Qué lograrán hacer en este caso?
Actualmente se encuentra la firma del contrato para la construcción del complejo carcelario de máxima seguridad, que se ubicará en Masagua, Escuintla; y la ampliación de 3 centros de detención de prisión preventiva, en los departamentos de Chimaltenango, Quetzaltenango y Escuintla, consistente en un área con capacidad para 250 privados de libertad, con un costo aproximado de 5 millones, con el fin de contrarrestar el hacinamiento existente.
¿Qué ocurre en el Sistema Penitenciario? Hay muchas denuncias de corrupción y fugas de reos.
Se han presentado denuncias penales en contra de guardias del Sistema Penitenciario ante el Ministerio Público, por los delitos de evasión, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, procesos que actualmente se encuentran en la fase de investigación. Asimismo, existen procesos administrativos por faltas administrativas, en donde se han sancionado a personal en algunos casos con destitución o suspensión de empleo.
