Los cuatro implicados en el caso que fueron detenidos el 6 de noviembre último quedaron ligados a proceso penal. Se trata de Berta Marisol Orozco Pineda, Hever Antonio Franco Bran, Mario Rodolfo Chet Cos y Delmy Rosahana Oliva Castillo.
El juez otorgó arresto domiciliario a Chet Cos y Orozco Pineda, mientras que Franco Bran y Oliva Castillo deberán permanecer en prisión preventiva porque se consideró que existe riesgo de obstaculizar la investigación del MP.
“Nosotros estamos esperanzados en que el Ministerio Público logre probar ante el juez el robo de nuestros ahorros, no somos pocos los afectados, hay más de 200 personas estafadas. No es justo que los ahorros de toda mi vida desaparezcan y otros gocen con el dinero que robaron y no es suyo”, aseveró Daniel Morales, una de las víctimas.
El órgano investigador tiene tres meses para ampliar los hallazgos del caso por medio de una investigación profunda.
Saúl Sánchez, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, expuso que “muy probablemente determinen la vinculación de más involucrados en el caso”.
Uno de los desafíos de la Fiscalía será comprobar el desvió de los ahorros de los cuentahabientes y el destino de los Q19 millones.
Algunas de las personas estafadas por Hunacoop R.L. recriminaron la desaparición de sus ahorros a los procesados, cuando estos se retiraban de la sala de audiencias.
El robo
Según la Unidad de Delitos contra Bancos, Aseguradoras y demás Financieras, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del MP, Hunacoop R.L. cerró sus operaciones y no devolvió los ahorros a más de 300 usuarios, la mayoría son adultos mayores.
Varios cuentahabientes afectados denunciaron haber sido estafados por la Cooperativa, que cerró en 2009 por “falta de liquidez”, informó el fiscal.
La carencia de activos de la entidad financiera se provocó porque los integrantes de la junta directiva y de evaluación aprobaron comisiones, bonificaciones, sueldos, extras, bonos, dividendos, vacaciones y viajes al extranjero para sí mismos, explicó el MP.
Esa práctica duró ocho años y en ese tiempo habrían malversado Q19 millones, según la investigación.
La Fiscalía señaló que la directiva de la cooperativa “conocía de la falta de liquidez” y “recurrieron a prestar dinero a otras entidades financieras para aparentar solidez financiera”.
La cooperativa tenía sedes en las zonas 1, 5, 6 y 18 de la capital y en San Vicente Pacaya, Escuintla. Por la estafa a unos 350 cuentahabientes también están citadas cuatro personas más al juzgado.
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