Un informe del Sistema Informático de Control de Investigación del MP establece que las denuncias penales presentadas contra los jueces de las distintas ramas, a escala nacional, sumaron 72.
“El año pasado se recibieron 46 quejas, mientras que un año anterior fueron 20 menos; es decir, 26”, destaca el documento oficial.
En la lista de los 72 jueces señalados, según el documento, aparecen Aleida Rosario Ochoa López, jueza primera de Paz Móvil; y Nidia Corina Sánchez Vicente, jueza de Paz de Chuarrancho. Ambas fueron denunciadas por abuso de autoridad.
Delitos comunes
El documento establece que por abuso de autoridad fueron recibidas en todo el año pasado 12 denuncias, dos más que en el 2013. Además, hubo cuatro por amenazas, tres en el 2013 y una en el 2014.
También hay jueces señalados por cohecho pasivo, delito estipulado en el artículo 439 del Código Penal, que contempla sanciones de prisión de cuatro a 10 años, o multa de Q50 mil a Q500 mil, además de inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la reclusión.
Abuso de autoridad.
Prevaricato.
Cohecho Pasivo.
Otros ilícitos por los que son acusados los operadores de justicia son usurpación de atribuciones, retardo malicioso, violaciones a la Constitución, apropiación y retención indebida, homicidio culposo, estafa propia y detenciones ilegales.
La jefa de la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP, Heidy Tamara de León, expresó que algunos de los procesos se encuentran en análisis en el Organismo Judicial (OJ), debido a que los jueces gozan de antejuicio.
La fiscal consideró que ese trámite atrasa los procesos porque se debe esperar a que los magistrados resuelvan dar trámite a los antejuicios.
Proceso
En tanto, el presidente del OJ, Josué Felipe Baquiax, comparte que existe un proceso que precede a la investigación, el cual debe respetarse.
Agregó que además de los procesos penales hay sanciones administrativas, las cuales son aplicadas por la Junta Disciplinaria, como lo indica la Ley de la Carrera Judicial.
El presidente del OJ añadió que, sumado a las amonestaciones, se han impuesto 62 traslados.
De estos, según Baquiax, 26 son motivados y el resto se debe a que ya cumplieron con el período establecido en la Ley de la Carrera Judicial.
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