Señaló que el agente que tuvo acceso al sistema de notificaciones fue sometido a exámenes de confiabilidad y de polígrafo, en las cuales los resultados lo desligan del caso.
De esa cuenta, Degenhart expresó que existe un compromiso del ministerio y de la PNC en cuidar en la seguridad ciudadana.
El magistrado Josué Baquiax, presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo que la investigación de la Supervisión de Tribunales determinó que sí hubo fuga de información, pero no provino del Organismo Judicial (OJ).
Según Baquiax, ni el juez ni los auxiliares del Juzgado Décimo Primero de Instancia Penal estuvieron involucrados. Agregó que la investigación recomendó que la Fiscalía, juzgados y la PNC restablezcan la mesa técnica para encontrar los mecanismos que hagan eficiente el sistema informático de notificaciones de órdenes de captura.
Las órdenes de captura electrónicas quedaron suspendidas de manera temporal desde el pasado 18 de abril hasta que la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia haga una revisión de la seguridad del sistema.
Investigación penal
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), dijo a Prensa Libre que solicitarán esos informes a ambas instituciones para la investigación de manera independiente que lleva a cabo el Ministerio Público (MP).
El fiscal enfatizó que las investigaciones que hicieron, tanto Gobernación como el OJ ,fueron administrativas y los felicitó que “en tan pocos días lograron llegar a tal conclusión”.
“Nosotros nos encontramos realizando una investigación de índole penal, que está bajo reserva, en la que esperamos determinar quién sería o desde dónde sería la posible filtración de información”, aseguró.
Sandoval señaló que el hecho de que el OJ y Gobernación afirmen que la fuga de información no surgió de esas entidades “no implicaría automáticamente que fue en el Ministerio Público”, aunque en la investigación penal que realizan no descartan a nadie.
Los prófugos
La fuga de información no permitió las capturas de Henry Silva Madrid Romero, Carlos Humberto González Castellanos y Juan Carlos Fernández Valle, sindicados de supuestos actos de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Según la Cicig, los señalados “ya habían sido alertados de los operativos mediante llamadas telefónicas realizadas el día jueves 12 de abril”, un día antes de los operativos.
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