Según la investigación de la Fiscalía, Ábner Amós Sánchez Villalta fue quien encargó la muerte del abogado Mota Ubico y pagó Q20 mil por ese crimen.
En tanto, la muerte de Guadalupe Hernández, exjefe de seguridad del Congreso, fue ordenada, según la investigación, por José Daniel Castillo Quiñónez, conserje del Organismo Legislativo y quien pagó US$3 mil en efectivo para que se cometiera ese crimen.
Castillo Quiñónez y Sánchez Villalta actuaron por separado para financiar los crímenes en los que se les vincula. Según la fiscalía, ambos tienen “jefe o patrón” que les pidieron planificar crímenes. Estos jefes aún no han podido identificarlos.
Se dijo que Castillo Quiñónez pagó por otros crímenes y fue en dólares.
El Juzgado programó audiencia para el próximo 6 de abril y allí dará a conocer su resolución.
En este caso hay dos testigos protegidos y fueron quienes relataron cómo se pidió la contratación de sicarios para cometer los crímenes.
Banda los relaciona
De acuerdo con la sindicación del MP, Castillo y Villalta no se conocían y actuaron por separado para planificar los asesinatos, pero coincidieron en que contrataron a la misma banda de sicarios.
Los fiscales reprodujeron en el juzgado la declaración de la testigo Marleny Hernández Dávila, quien relató que residía en 2019 en Chiquimulilla, Santa Rosa, y un amigo le aconsejó integrarse a un negocio ilícito: venta de armas.
El contacto era una persona que compraba armas y Hernández Dávila debía conseguir en el mercado negro el arsenal. Ella se contactó en 2019 con José Daniel Castillo Quiñónez, alias “el Padri”, era un conserje del Congreso de la República y quien pagaba por municiones y pistolas. Así comenzó la relación.
Castillo Quiñónez pasó de pedir armas a encargar crímenes, aseguró la testigo, y fue así como se pidió matar a José Guadalupe Hernández, exjefe de seguridad del Congreso.
Hernández Dávila dijo que cuando conversó con Castillo Quiñónez, este le explicó que tenía un jefe que tenían un almacén de armas que lo abrían a cada seis meses con todas las municiones acumuladas y tenían relación con el Cartel Jalisco Nueva Generación, que opera en México.
La testigo relató a los fiscales que Castillo Quiñónez pidió la muerte del exjefe de seguridad del Congreso, José Guadalupe Hernández, porque “no dejaba trabajar” y no se dieron detalles.
Según la Fiscalía, era Hernández Dávila la que cerraba los acuerdos y contactaba al grupo de sicarios para cometer los crímenes. La banda tiene registro de venir funcionando desde junio de 2013.
En el caso de la muerte de Jean Pierre Mota la testigo aseveró a los fiscales que Ábner Amós Sánchez Villalta la había contratado antes para cometer crímenes y una vez le mencionó el ataque a alguien “famoso”.
Sánchez Villalta en una conversación le dijo que un amigo quería matar a Mota Ubico; además, aseguró que era el amante de la esposa del exedecán quien le pidió ese crimen.
Según Hernández Dávila le pagaron Q20 mil por cometer el crimen contra Mota Ubico el 26 de junio de 2020.
Procesados
- José Daniel Castillo Quiñónez por los delitos de asesinato, conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita
- Adby Josué Can Fernández por el delito de asociación ilícita. (Investigador de la PNC)
- Brandon Maximiliano López Zenteno por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, conspiración para el asesinato y asociación ilícita
- Abner Amos Sánchez Villalta por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita
- Miguel Ángel Corado García por los delitos de asesinato y asociación ilícita
- Cristian René Ramírez Cardona por los delitos de asesinato, conspiración para el asesinato y asociación ilícita
- Marco Antonio Pedro Raxón por los delitos de asesinato, conspiración para el asesinato y asociación ilícita
- Kelly Kestler Beltrán Gálvez por los delitos de conspiración para el asesinato y asociación ilícita
- Jerson Yovany Barreno por asesinato conspiración para el asesinato y asociación ilícita
- Anderzon Sabdiel Balan Agareno por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativo y asociación ilícita.