Según un comunicado del MP, la petición del retiro del derecho de antejuicio al diputado García Silva, del partido Prosperidad Ciudadana, es por los delitos de asociación ilícita, fraude y lavado de dinero.
La petición de retiro de inmunidad se presentó “en virtud de que existen indicios de los cuales se puede establecer que en su calidad de diputado al Congreso de la República intervino, posiblemente de forma artificiosa, en procesos de adjudicación de cuatro licitaciones públicas y cinco compras directas contratadas y pagadas a entidades vinculadas a su persona, por aproximadamente Q30 millones”, dice el comunicado.
Agrega que el caso involucra a otras personas que han sido ligadas a proceso por los delitos de estafa propia, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude y testaferrato.
“El Ministerio Público de conformidad con su mandato legal y constitucional presentó la solicitud ante el órgano competente a efecto se determine si ha lugar o no a la formación de causa e investigar la posible comisión de actos constitutivos de delito”, se lee en el comunicado.
El caso involucra a 25 personas, entre ellas Jorge Eduardo García Monterroso y Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla de García, hijo y esposa del diputado García Silva, respectivamente.
También están vinculados el director del Insivumeh Yeison Broderson Samayoa Velásquez y Astrid Amanda Montes de León, subdirectora ejecutiva de esa dependencia.
La petición de la fiscalía se da luego que el pasado 31 de enero, en la audiencia de primera declaración de 9 procesados por el caso el MP reveló mensajes extraídos de celulares confiscados en el caso Clima, corrupción y poder, que revelan cómo el diputado García Silva daba órdenes que lo vinculan al desfalco.
Los fiscales expusieron ante la jueza Quinto Penal, Judith Secaida que las conversaciones eran de Monica Danirla Tagre Ordóñez y Marleny Gessel Diaz con el diputado.
Ellas trabajaban en una empresa vinculada a García y mantenían comunicación por chat. Ambas fueron detenidas el 5 de noviembre pasado y fueron ligadas a proceso penal.
En las conversaciones, según los fiscales, el diputado daba órdenes para pagar a proveedores y en otro de los chats descubiertos solicitó comprar una camioneta, el vehículo fue decomisado en una casa de campo de la familia de García Silva
La trama
De acuerdo con la Fiscalía, fue una denuncia recibida el 21 de noviembre de 2020 la que alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado.
Según un cable de la agencia de noticias EFE, una investigación del diario “La Hora” detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.
El día de las capturas, Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó que no se había solicitado el retiro de la inmunidad del diputado y que se analizaba presentar en los próximos días; sin embargo, este martes dijo que “la Fiscalía está trabajando en ello de momento”.
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La Fiscalía agrega que aprovechando las influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina María Véliz Castañeda, asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “así como la influencia de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien funge como director general del Insivumeh (…) utilizaron sus cargos y la emergencia del covid-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.
Añade que con esas acciones se benefició al Insivumeh con una asignación presupuestaria de Q30 millones “destinados para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica nacional”, un procedimiento considerado como injustificado, debido a que no es una entidad estatal “que en ese momento se encargara de velar por el combate y atención a la pandemia, ni ser una institución con servicios esenciales”.
El MP refiere que “las pesquisas revelan que se utilizaron diversas artimañas destinadas para gestionar la adjudicación de los eventos de contratación pública a las entidades mercantiles sin contar con la experiencia necesaria, las capacidades técnicas, las especialidades a fines para prestar los servicios científicos que anómalamente les fueron adjudicados, así como del incumplimiento de requisitos; sin embargo, fueron aprobadas por Samayoa Velásquez en su calidad de director general y finalmente avaladas por el entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, provocando con ello, un grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por la cantidad de Q.28 millones 69 mil 214.40 en nueve adjudicaciones”.
Guatemala es, según índices de organismos internacionales, uno de los seis países más corruptos de Latinoamérica.
