Pablo Castillo, vocero de la PNC, aseveró que desde que se inician los cursos para un aspirante a agente se les da una inducción a las leyes en donde se enfatiza las que tienen procesos judiciales, lo que debería garantizar que todos los policías tienen la capacidad de diferenciar una falta de un delito y actuar de acuerdo con cada situación.
“Se les capacita en lo que dice el Código Procesal Penal y todos los artículos que tienen que ver con la PNC, el agente debe consignar a las personas, ya sea por un delito o una falta y es el juez el que valora si es delito o falta e impone un arresto o una fianza”, acotó.
En cuanto a las carceletas que están en las comisarías, Castillo refirió que son ajenas a la institución policial y las personas son llevadas a esos lugares por órdenes judiciales, a pesar de que la PNC ha recomendado que ya no hagan uso de las instalaciones para esos fines.
Según la PNC, todo conductor bajo efectos de licor puede ser consignados ante un juzgado de turno y ante un juez dilucidar su situación.
Delitos constantes
Felipe Baquiax, presidente de la Cámara Penal del Organismo Judicial, indicó que es “difícil creer que por una falta las personas continúen preventivamente detenidas”, respecto a que relatores encontraron casos de reos que llevaban meses en prisión por infringir la ley seca en la primera vuelta electoral.
“Considero que hubo omisión -de la Oficina contra la Prevención de la Tortura- ya que, de conformidad con la Constitución, está la exhibición personal y puede ser interpuesta por toda persona. Tenían las herramientas constitucionales para plantearla”, explicó el magistrado Baquiax.
La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura habilitó el número telefónico 45898919 para recibir las denuncias. Está disponible las 24 horas.
El magistrado reconoció que en otros casos la prisión preventiva se ha transformado en una “crisis” debido a la carga de trabajo que tienen los jueces.
“No lo podemos negar, a través de los medios de comunicación se socializa la cantidad de delitos que se cometen a diario y eso repercute. Según estudios de las Naciones Unidas, se recomienda que por cada 100 mil habitantes debe haber 7 jueces, pero lamentablemente en Guatemala por cuestiones presupuestarias solo hay 6 jueces por cada 100 mil habitantes, hay falta de jueces, pero esto también se debe a la falta de presupuesto”, aseveró.
Agregó:” El pasado jueves 31 de octubre se nombraron 15 jueces de primera instancia, porque se van a transformar en pluripersonal los juzgados de primera instancia en torre de Tribunales, así mismo a los juzgados de turno de 24 horas se les asignó un juez B para cada grupo”.
“Es total mente falso, en ningún momento han asignado a un juez para cubrir tres municipios, lo que puede pasar es que se enferme, goce de vacaciones o sea ascendido de Juez de Paz a Instancia, pero son casos eventuales, pero por mínimo tiempo”, subrayó.
Baquiax aseveró que es al juez a quien le corresponde encuadrar si es una falta o un delito el que comete la persona consignada.
“El agente está en la obligación de describir los hechos y efectuar la consignación, no importa si es falta o delito”, puntualizó.
En cuanto a la cancelación de las carceletas que funcionan en las comisarías de la PNC, el magistrado Baquiax indicó que le corresponde al Sistema Penitenciario clausurarlas.
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