La relatora continúa diciendo que, según los internos, esas medidas fueron ordenadas por De León y el subdirector Édgar Noé Cortez, “ya que lo que quieren los directivos es que se les pague más dinero por la denominada 'talacha', por permitirles visitas y encomiendas a los reos”.
En ese sentido, según Villalta, los directivos ordenaron reunir a los presos y comunicarles del aumento de “la cuota”, y amenazaron a los que no cumplan con efectuarles requisas y “meterles ilícitos”.
La relatora denunció también que los internos que le brindaron esas informaciones están siendo amenazados con “quitarles su espacio para dormir” o trasladarlos de sectores o cárceles.
En su denuncia, Villalta revela supuestas cuotas impuestas a los reos: por un espacio para dormir deben pagar entre Q10 mil y Q12 mil, y por llevarlos a una evaluación al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), de Q30 mil a Q50 mil.
Denuncia también que en el SP se extienden cartas fraudulentas de buena conducta e informes de trabajo por Q10 mil o Q15 mil, en lo que también participa, según la relatora, la subdirectora de Rehabilitación Social, Paola Rivera Rosenberg.
Termina su denuncia Villalta adviertiendo de que todas las denuncias que se han hecho contra el SP son desestimadas y no se investigan a fondo debido a la “cercanía” de los directivos del Sistema con la fiscal general, Thelma Aldana.
Niega selañamientos
Juvell de León, director del SP, negó los señalamientos en su contra y denunció que Villalta “tiene intereses personales”, lo que pudo haber motivado sus acciones.
De León dijo que la denuncia es ilegítima, porque “todas las acciones en los preventivos se han realizado dentro de la ley”.
El viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán, confirmó la denuncia de Villalta contra los directivos del SP.
Pide investigación
El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, calificó de valiente la denuncia de la relatora y señaló que ese es “un secreto a voces”.
“Ante la precisión de la denuncia, se amerita investigación. Que esto no quede impune. El fenómeno es una práctica que se da en muchos presidios del país; evidentemente no hablamos de una falsedad”, remarcó Rodas.
El procurador agregó que esta denuncia confirma lo que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos señaló en una supervisión al sistema carcelario del país, y que se debe actuar al respecto.
