Estados Unidos, Suecia, Canadá, Países Bajos, España, Noruega, Finlandia, Alemania, Italia, Dinamarca, Suiza, Reino Unido, Irlanda y México. Se suman el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social de Chile, la Comisión Europea, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Fundación Soros.
Matías Ponce, portavoz de la Cicig, explicó que los países aportan a un fondo fiduciario administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que emplea normas contables de Naciones Unidas (Onu) para garantizar la transparencia.
Como parte de la rendición de cuentas y el trabajo efectuado, la comisión hace informes trimestrales y anuales a los países donantes, un informe anual en Guatemala y el detalle del gasto se puede consultar en la página web de la comisión.
En un balance divulgado por la propia Cicig, explica que sus gastos ascienden a US$161 millones 142 mil 4.60.
La comisión reportó que, además de aportes financieros, la comunidad internacional contribuye con el despliegue de personal especializado en investigación criminal para apoyar las investigaciones en Guatemala.
“El Gobierno de Guatemala contribuye con miembros de la Policía Nacional Civil para fortalecer la seguridad exterior de la comisión”, precisó la Cicig.
Apoyo
En los días siguientes al anuncio del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la comisión, los cooperantes expresaron su postura y, en algunos casos, pidieron al Ejecutivo reconsiderar lo decidido.
Suecia, por ejemplo, declaró que hará lo posible para que la Cicg continúe. Después de Estados Unidos, Suecia es el segundo donante más importante para ese organismo.
España rechazó la decisión de Jimmy Morales y solicitó “encarecidamente su reconsideración”. Canadá se expresó decepcionada ante el cese del mandato de Cicig y aseguró su apoyo a un estado de Derecho y gobernabilidad “responsable”.
La administración de Estados Unidos, que aporta la mayor cantidad de recursos, habló de una “Cicig reformada”, al mismo tiempo que mantenía su apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad. No obstante, congresistas demócratas han rechazado la decisión presidencial.
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En búsqueda de ayuda, el G13, que reúne a los países donantes de Guatemala y de Cicig, ofreció mediar entre Guatemala y la Onu respecto al mandato de Cicig y la prohibición para que el comisionado Iván Velásquez ingrese al país.
En respuesta, la canciller guatemalteca Sandra Jovel dijo que las decisiones del Ejecutivo son soberanas. “Hago un llamado a la comunidad internacional para que respete la sobernía del Gobierno de Guatemala”, declaró.
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