Agregó que se busca crear un protocolo de atención de los casos para que, por ejemplo, la comercialización de datos sea perseguida por el MP para que la población pueda beneficiarse, pues en la actualidad muchos se ven afectados por la revelación de datos sensibles.
“La Ley de Acceso a la Información Pública fue creada principalmente para que la población tenga acceso a fiscalizar la información pública; los guatemaltecos tenemos derecho de saber que están haciendo las autoridades y funcionarios”, señaló Vargas.
Denuncias recibidas
Jenifer Vargas informó que la PDH recibió en el 2012, 83 denuncias por el incumplimiento negación de información por parte de funcionarios, en el 2015 fueron 240 y en el 2016 van 176. Las más denunciadas son municipalidades y federaciones deportivas.
En cuanto a la comercialización de datos en el 2012 fueron 254, en el 2015 se registraron 404 y en lo que va del 2016 se registran 110.
Vargas refirió que las empresas más denunciadas son Infonet, Transunion, Infodata, Infocheque e Informática Montano.
“Por comercialización de datos principalmente se vulnera el derecho a la intimidad de las personas, estas personas encargadas de comercializar datos afectan a la población guatemalteca, debido a que la gente no puede acceder a un empleo, un préstamo porque las empresas contratantes, o que dan préstamos o créditos hacen una investigación de las personas, y estas empresas generalmente no actualizan están información, muchas veces las personas ya solventaron ese crédito y aparecen manchadas en el sistema”, expresó.
Julia Barrera, vocera del Ministerio Público, señaló que la comercialización de datos es un delito contemplado en la ley y que penaliza la comercialización o distribución de datos personales, sensibles o personales sensibles.
Agregó que estas denuncias normalmente son presentadas por la PDH o directamente por los afectados en el MP.
Barrera recordó que en el caso de Infornet hay un proceso penal en su contra por esos ilícitos, y que está pendiente la audiencia de ofrecimiento de prueba para que se fije día para el inicio del debate oral y público.
Este delito contempla penas de cinco a 8 años de prisión.
