“En aras del mandato de la fiscalización, manifestamos nuestro apoyo y respaldo absoluto a todos aquellos actores que a través de sus instituciones han manifestado una lucha tenaz e independiente para combatir la corrupción y la impunidad”, manifestó Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos.
A la petición se unieron representantes de 23 agrupaciones de la sociedad civil, por medio de un comunicado leído en la sede de la PDH, en conferencia de prensa.
Depuración
“Tras las últimas capturas, donde se reveló una corrupción institucionalizada… los grupos firmantes creemos imprescindible externar nuestro apoyo a los funcionarios que han participado en el caso que ha conducido a una depuración del Estado de Guatemala”, detalla el documento.
Álvaro Montenegro, integrante del movimiento Justicia Ya, aseveró que el respaldo a las instituciones se mostró desde el momento en que se hicieron las manifestaciones en la Plaza de la Constitución.
“El respaldo continuará, porque es necesario que el sistema pueda empezar a funcionar”, agregó Montenegro.
Las organizaciones también solicitaron a la PGN investigar los contratos de los canales de televisión abierta, luego de que el órgano investigador los vinculara con el proceso penal denominado Cooptación del Estado.
También pidieron que se revisen los contratos que muestren irregularidades y respaldaron su manifestación en torno a cancelar los pactos colectivos considerados lesivos para el Estado.
Asamblea Nacional y Popular, Acción UVG, Batucada del Pueblo, Fundación Myrna Mack, Movimiento Semilla, Otra Guatemala Ya, Usac es Pueblo, Universidad Rafael Landívar y Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas son algunos de los grupos sociales que se pronunciaron.
Thelma Aldana, fiscal general, agradeció el apoyo mostrado por la PDH y los representantes de la sociedad civil, y resaltó el trabajo que se deber hacer con las instituciones responsables y la vigilancia de los grupos civiles.
“A manera de reflexión, en la medida que el trabajo del Ministerio Público y la Cicig —Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala— han llegado a investigaciones profundas, es lamentable reconocer que Guatemala fue cooptada por estructuras criminales. Sin duda queda mucho trabajo por hacer, no solo en el ámbito de la investigación sino desde la sociedad civil”, expresó Aldana, quien participó en la actividad.
Agregó: “Van a pasar muchos años para que Guatemala pueda pasar de un Estado corrupto a un Estado transparente”.
La procuradora Morfín se comprometió a revisar los contratos con los canales nacionales. “La primera indagación que se hizo es verificar si internamente se tenía algún expediente relacionado a los contratos de los canales de televisión abierta, y al tenerlos todos serán objeto de análisis y así poder determinar su legalidad”, declaró.
Alexánder Aizenstatd, interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal, aseveró que en una semana espera tener resultados de las auditorías que se efectúan en la entidad.
