Muadi estaba preso en la cárcel de Mariscal Zavala y recuperó su libertad al obtener medidas sustitutivas, sin caución económica, luego de que su defensa cuestionara por medio de un amparo la última prórroga de la prisión preventiva. Según sus defensores, el juzgado no avisó sobre la prórroga de la prisión preventiva. La prisión por condena aún no está en firme.
Muadi se estaba preso desde octubre de 2015 luego de haber sido condenado a 30 años de prisión por el caso Plazas Fantasma el 2 de marzo de 2020 por los delitos de peculado por sustracción asociación ilícita y lavado de dinero; sin embargo, ese fallo fue apelado y la Sala Segunda de Mayor Riesgo le redujo la condenan a 8 años.
Detalles de la condena y la reducción
La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo redujo la pena a Pedro Muadi, expresidente del Congreso condenado por el caso Plazas Fantasma.
Muadi fue sentenciado a 30 años y ocho meses por tres delitos: lavado de dinero, 13 años y cuatro meses más multa de Q4 millones 376 mil; asociación ilícita, nueve años y cuatro meses, y peculado, ocho años y una multa de 40 mil. Esa sentencia le prohíbe ejercer cargos públicos durante 50 años.
Pero la Sala Segunda anuló dos delitos, lavado de dinero y asociación, por lo que solo quedó vigente la pena menor.
Así, la reducción de la pena es de 22 años y ocho meses.
El Tribunal Octavo, que emitió la condena en marzo de 2020, expuso que hubo “participación coordinada” de Muadi con personal del Congreso y de la empresa Productos, Servicios y Equipos, S.A., de cual él era el accionista mayoritario, para contratar personal que no laboró. Gracias a esa operación Muadi sustrajo Q4.3 millones por plazas de personas que contrató en el Legislativo.
Favorece a procesados
Para enero de 2021m este era el tercer caso reciente en el que la Sala Segunda ha resuelto a favor de los procesados. En diciembre anuló el caso en primera instancia contra Armando Escribá, exdiputado vinculado con empresas constructoras que tuvieron contratos millonarios, y caso Fénix, por lavado de dinero luego del desfalco de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2003.
