Según el estudio, la Corte Suprema de Justicia pagó a Reinoso por tres años de trabajo en el Organismo Judicial, Q936 mil 655. También se desglosó lo que devengó como docente en las Universidades Mariano Gálvez y Rural.
Samayoa concluyó que Reinoso obvio actualizar su declaración patrimonial luego que adquirió otros bienes; la Ley de Probidad y de Responsabilidad de Empleados Públicos exige que los empleados del estado actualizar su informe patrimonial cada vez que compren un bien.
El debate por enriquecimiento ilícito contra la jueza comenzó el 26 de junio último en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal
Perito Ana Samayoa estudió los ingresos financieros de Reinoso, acusada por enriquecimiento ilícito. @prensa_libre pic.twitter.com/YQrpvE3ijl
— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) August 9, 2016
Durante su declaración Reinoso hizo ver que es víctima de una persecución, tanto del Ministerio Público como de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
“Mi error no haber accedido a las peticiones de la Cicig en un caso de la fiscal general –Thelma Aldana–”, expresó, después de haber sido imputada por el Ministerio Público (MP).
El ente investigador tiene sospechas de cómo Reinoso compró una casa valorada en más de Q3 millones y varios vehículos.
Durante la audiencia, la jueza explicó que adquirió el inmueble con los ahorros que tenía como jueza de Paz, porque en ese tiempo ella no gastaba al reconocer que “la mantenían”, por lo que su salario “se iba al banco”.
