El trámite del antejuicio ha tenido dos cambios de juez pesquisidor. En un inicio la CSJ nombró a la magistrada Zonia Santizo para hacerse cargo de esta diligencia, pero presentó una excusa aduciendo que tenía amistad con Gálvez.
En lugar de Santizo, la CSJ designó a la vocalía I de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, la cual era ocupada de forma interina por el magistrado Eduardo Galván Casasola, quien originalmente ocupa la vocalía II. Esto, debido a que el presidente de la sala, Gustavo Dubón, tenía licencia para ausentarse por temas de salud.
De tal cuenta, en un inicio se informó que sería Galván Casasola el pesquisidor de Gálvez, sin embargo, la licencia de Dubón finalizó el 1 de agosto. Con ello, el magistrado Chávez Pérez, quien ocupaba la presidencia interina, regresó a la vocalía I, por lo que deberá encargarse de las pesquisas del antejuicio.
EN ESTE MOMENTO
Chávez Pérez también fue pesquisidor del antejuicio contra la exjueza de Mayor Riesgo “D”, Érika Aifán, quien salió al exilio tras denunciar persecución. En este proceso, el togado fue cuestionado ya que dispuso que las audiencias se realizaran a puerta cerrada, sin acceso a la prensa.
La denuncia
El juez Gálvez fue denunciado por la FCT por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales con circunstancias agravantes en forma continuada por aplicar prisión provisional contra varios sindicados de corrupción a partir de 2015.
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite el 15 de junio a la solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, la cual fue presentada por la FCT el pasado 11 de mayo.
El caso ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos, quienes ven un intento por atacar la independencia judicial de Gálvez y una persecución política.
De igual forma, múltiples organizaciones internacionales han manifestado su preocupación ya que ven que los ataques, hostigamientos, amenazas y acciones judiciales contra operadores de justicia en Guatemala han incrementado.
A partir de 2015, el juez Gálvez ha ligado a proceso y enviado a juicio a múltiples exfuncionarios y empresarios sindicados por actos de corrupción, incluidos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. También a militares acusados por violaciones de derechos humanos durante el Conflicto Armado Interno.
