La Cámara de Amparo y Antejuicio guardó el caso hasta hoy, cuando se prevé que sea conocido por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que también podrían conocer la querella de la Procuraduría General de la Nación contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
La petición que planteó Rafael Curruchiche, fiscal de Delitos Electorales, es para que ella sea investigada por aquel delito.
El caso
Montenegro, diputada y secretaria general de EG, fue señalada en una investigación porque el partido incumplió con el plazo para entregar a la Inspección General del TSE los estados financieros del último semestre de 2015.
El caso fue investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y fue planteado el 10 de agosto pasado. Una semana después la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite a la pesquisa.
La denuncia la interpuso el propio TSE el 13 de diciembre de 2016. Debido a que la información no llegó puntual, no fue posible establecer el origen de Q1 millón 748 mil 232.54 que el partido recibió en aquel año.
La empresa Maximum Financial and Investments Services aportó, a través de la entidad Yeyo, S.A., el arrendamiento de seis pasarelas digitales para la campaña, por Q76 mil 784.30 (o su equivalente a US$10 mil) y no fue reportado ante el TSE, de acuerdo con la investigación.
Además, en la campaña de 2011, EG no reportó al ente electoral Q197 mil 500 que provinieron de Publicidad Avance, S.A., y pagó con un cheque.
Respecto a un cheque por Q197 mil en la campaña de 2011, Montenegro comentó que, si acaso hubo un error administrativo, fue al momento de registrar en la contabilidad un nombre que no correspondía, pero el monto era el correcto, el cheque estaba endosado e ingresó a la cuenta de las donaciones.
