La acción contradictoria de la PGN se dio durante la gestión de la actual procuradora general, María Eugenia Villagrán, pues se encuentra al frente de esa institución desde diciembre de 2014, después de haber sido juramentada por el entonces presidente Otto Pérez Molina.
Aprobaron contrato
Los documentos también revelan que cuando Vladimir Aguilar, ahora magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), estuvo al frente de la PGN no atendió la solicitud de diputados en cuanto a anular el contrato, pues argumentó que en la gestión anterior, de Larry Robles, se hizo un análisis y se concluyó que ese contrato sí podía realizarse.
Los documentos muestran cómo la PGN, en ese momento al mando de Robles, recalca y da por válido el camino que el Ejecutivo tomó para suscribir el contrato de usufructo oneroso.
Esta acción consta en el dictamen 4068-2012, del 31 de agosto de 2012, donde Robles responde a Gustavo Martínez, en ese entonces secretario General de la Presidencia y quien solicitó una opinión relacionada con el contrato oneroso de usufructo entre TCQ y la EPQ, sobre que “el negocio jurídico en cuestión no contraría normas de carácter constitucional ni leyes ordinarias, y es acorde a las normas jurídicas sustantivas y procedimentales aplicables a la naturaleza del contrato”.
En ese mismo documento, en las páginas 10 y 11, la PGN resalta qué camino siguió el Ejecutivo para suscribir el contrato y lo da por válido, incluso le recuerda a Martínez que este puede ser renovado por el mismo periodo por el que se firmó —25 años—.
El 16 de enero de 2013, Aguilar sustituyó a Robles en la dirección de la PGN y ante ese nuevo cambio la bancada de EG, al mando de Nineth Montenegro, solicitó el 12 de abril de ese año al nuevo procurador que declarara lesivo para los intereses del Estado el usufructo oneroso otorgado a TCQ. Dicha demanda fue acuerpada por el Sindicato de Trabajadores Organizados del Puerto Quetzal, en una petición aparte.
La Procuraduría dio respuesta el 18 de abril del 2013 a la solicitud, con el dictamen 1658-2013, en el cual se acota que la PGN ya había hecho un análisis del usufructo y hace referencia al dictamen 4068-2012, aprobado por Robles, y asegura que en este “no se advirtió ninguna ilegalidad”.
En el documento consta que se respondió a la solicitud de los diputados y del sindicato que: “La postura institucional está plasmada en los dictámenes anteriores y no está dentro del ámbito de nuestra competencia —Procuraduría General de la Nación— declarar la lesividad de ningún contrato”.
Atacó demanda
No conforme con la respuesta de la PGN, la bancada EG accionó legalmente y el 15 de julio del 2013 presentó una demanda en la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, la cual fue redireccionada a la Sala Sexta, en la que solicitaban la nulidad del contrato de usufructo oneroso de la empresa TCQ, porque consideraban que era contrario a los intereses del Estado.
Mientras la sala conocía la demanda, Aguilar se postuló a magistrado de la CSJ, cargo para el que fue electo, y dejó la PGN el 24 de noviembre de 2014. Para sustituirlo, Pérez Molina juramentó como procuradora a Villagrán, el 11 de diciembre de ese año.
El 12 de febrero de 2015, la Sala Sexta emplazó a la PGN para que respondiera a la demanda interpuesta por los legisladores. La respuesta se dio un día después y la PGN pidió a la Sala que su escrito fuera aceptado y que se declarara con lugar la falta de personalidad, caducidad, demanda defectuosa y falta de personería de los demandantes y, “como consecuencia, se mande a archivar en definitiva el expediente formado”.
El escrito fue firmado por Saúl Estuardo Oliva Figueroa, quien actuó como personero del Estado y profesional de la PGN, por una certificación expedida el 31 de julio de 2013.
Descargo
El exprocurador Larry Robles explicó vía telefónica que lo que se hizo durante su gestión fue revisar que el contrato de usufructo oneroso no contraviniera cualquier ley ordinaria del país.
“Además, había un dictamen de la PGN del año 2006 y tomando todo eso en cuenta se revisó, se concluyó y se opinó que el contrato cumplía con los requisitos legales”, dijo Robles, y agregó que se envió de vuelta a la Presidencia y no supo más. Cuando se le solicitó la consulta, el contrato ya había sido consumado.
Prensa Libre intentó comunicarse con Villagrán y Aguilar, pero no respondieron las llamadas.
Al número de Villagrán se marcó cinco veces y en el de Aguilar, una grabación anunciaba que el número está fuera de servicio.
Sobre el caso
Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y colaborador eficaz del caso TCQ, afirmó a la Fiscalía que “el negocio del usufructo se cerró en Cancún”, en un restaurante, el Martes Santo del 2013, y que se iban a recibir US$30 millones como coima —US$500 mil para gastos administrativos— para lograr la negociación.
Relató que sorteó obstáculos y se valió de la ayuda de funcionarios para obtener permisos administrativos en la Secretaría de Planificación de la Presidencia y el Ministerio de Ambiente.
