“Si no se fortalece el sistema de justicia, la lucha contra la impunidad es solamente un discurso”, expresó.
La propuesta de modificaciones legales presentada por la Cicig está dividida en tres ejes, que agrupan 21 leyes diferentes. El primer eje es dirigido a las carreras profesionales, donde proponen modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley de la Carrera Judicial, la de Servicio Civil, la del Sistema Penitenciario y la del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
El segundo eje propone modificar las leyes que representan un obstáculo a la investigación y a la persecución penal, entre ellas el Código Penal, la Ley de Amparo, la de Delincuencia Organizada, la de Extradición y la del Organismo Judicial.
El tercer eje busca facilitar el acceso de los pueblos indígenas a la justicia, con la modificación de la Ley de Jurisdicción Indígena y la Ley del Organismo Judicial respecto del tema de la costumbre y potestad de juzgar.
Antecedentes
En el 2009, el Congreso aprobó la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo y la reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada; ambas propuestas fueron apoyadas por la Cicig para luchar contra la impunidad y contribuir al fortalecimiento de la justicia.
Fondos necesarios
Velásquez reiteró que la falta de capacidad del sistema de justicia, que se ha hecho visible, lo motivó a sugerir la creación de un impuesto transitorio de solidaridad con la justicia. “Después de las múltiples manifestaciones lideradas por la población, es necesario que las solicitudes planteadas se traduzcan en hechos”, afirmó.
La fiscal general, Thelma Aldana, aseguró que apoya la creación de un impuesto de ese tipo, que le permitirá tener al órgano investigador los recursos necesarios para el combate de la corrupción.
“Los retos son muchos para que en el futuro disminuya la impunidad. Necesitamos un apoyo conjunto para lograr un combate verdadero que dé resultados”, finalizó.
El informe
Durante el 2015, la Cicig desarticuló 21 cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos donde se han visto implicadas 184 personas en casos de corrupción, financiamiento de partidos políticos, narcotráfico, despojo de tierras y defraudación aduanera.
Las investigaciones presentadas por la Cicig y el MP evidencian una gran participación de funcionarios de los tres poderes del Estado quienes, en coordinación con particulares, han creado redes político-económicas ilícitas que han existido a lo largo de al menos 30 años, y que han convertido la agenda del Estado en propia, permitiendo el enriquecimiento ilícito y la impunidad, se afirma.
