Los exgobernantes enfrentan procesos penales por el caso de defraudación conocido como La Línea.
Sospechas
El diputado Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijo que se sospecha que el mencionado banco otorgó préstamos por hasta Q50 millones sin brindar las garantías respectivas. También, en algunos casos, pudo haber aceptado pago anticipado de créditos.
Entre las solicitudes entregadas ayer a Banrural está la compra de la cartera crediticia de los préstamos para vivienda, sector agrícola y pequeñas y medianas empresas del Banco Continental de Honduras, que en octubre del 2015 fue suspendido por la Comisión Nacional de Banca y Seguros de ese país.
El diputado Carlos Barreda dijo que se quiere determinar si Banrural utilizó parte de sus reservas para efectuar la operación.
Otro requerimiento es identificar si Banrural otorgó préstamos a directivos, funcionarios o diputados para la compra de acciones de esa entidad, además de préstamos otorgados a la empresa Easy Marketing, que emite los documentos personales de identificación (DPI).
El diputado Orlando Blanco manifestó que le preocupa la retirada sorpresiva del presidente del Banco de los Trabajadores, Sergio Hernández, hace algunos días.
También se requieren los dictámenes que emitieron los comités de riesgos, créditos, auditorías y prevención de lavado de activos.
José Alejandro Arévalo, jefe de la SIB, indicó que, por ley, los casos que se investigan se mantienen en reserva y confidencialidad por parte de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que es la unidad especializada en investigar casos relacionados con lavado de dinero.
Arévalo explicó que trabajan bajo las modalidades de oficio, por solicitud del Ministerio Público o de un juez competente.
La petición también incluye que se den a conocer los préstamos otorgados al hijo del expresidente y exalcalde de Mixco, Otto Pérez Leal, y al jefe edil de Villa Nueva, Edwin Escobar.
También al empresario Julio Aldana Franco, a quien Barreda vincula con Baldetti.
Escobar calificó la petición de “revanchismo político” y dijo que no comprende por qué Barreda pide información de su persona de parte de Banrural.
En enero pasado, el Estado recibió unos Q70 millones en utilidades —ganancias— de esa entidad bancaria.
Postura
Bernardo López, presidente del Consejo de Administración de Banrural, comentó que es probable que el Comité de Créditos haya elevado la autorización de alguna operación.
Ese comité conoce las solicitudes de créditos por montos mayores a Q40 millones.
“Dado el carácter de esta citación y el registro de la información que se proporciona acá, prefiero no caer en una inexactitud y corroborar los datos”, agregó el banquero.
López aseguró desconocer si a Baldetti o a alguna de sus empresas se le entregó algún préstamo en el consejo de administración del banco.
En todo caso, dijo que el Comité de Créditos de Banrural también conoce préstamos menores a Q40 millones.
También dijo desconocer si se cursaron denuncias relacionadas con lavado de dinero.
El directivo explicó que trabajan en las normas sobre la prevención de lavado de dinero y los reglamentos que la SIB ha emitido.
“No tengo en este momento datos de que de las personas que han sido mencionadas hoy —ayer— se haya efectuado alguna denuncia”, manifestó el ejecutivo.
millones es un monto de crédito que requiere autorización del consejo de administración.
Agregó que el oficial de cumplimiento de Banrural, Joaquín Revolorio, aplicó los protocolos para personas expuestas políticamente (PEP), entre las que se incluyen los exgobernantes y sus familias.
Respecto de Aldana Franco, el directivo expuso que se ha enterado por los medios de comunicación que fue contratista y que ofrecía colocación de servicios bancarios.
Barreda también pidió conocer los movimientos de tarjetas de crédito y pagos.
El legislador comentó que el banco pudo haber encubierto operaciones, al no reportar a la IVE transacciones sospechosas.
Para el próximo lunes se acordó que se contaría con la información solicitada ayer.
