Las entidades, querellantes en el caso de genocidio, centraron su acción en que está “comprometida su imparcialidad” y “existe interés” en sus resoluciones debido a que Domínguez “ha favorecido a militares”.
Edgar Pérez, abogado que representa a las familias de víctimas, mencionó que en “reiteradas oportunidades la jueza ha favorecido a militares acusados de violaciones a derechos humanos en el pasado y en el presente, lo cual pone en duda su imparcialidad”.
El penalista recordó que la hermana de la jueza –Klelia Xiomara Domínguez Guerrero– es oficial asimilada del Ejército y “se duda de su imparcialidad por tener un interés claro”.
El operativo
Desde el 11 de octubre del 2011 el general retirado Mendoza García tenía vigente una orden de aprehensión en el Juzgado de Mayor Riesgo A, que firmó la jueza Carol Patricia Flores.
Una sospecha de los detectives que el militar retirado, suegro del diputado oficialista Estuardo Galdámez, iba a votar en su lugar de origen, Salamá, Baja Verapaz, fue el comienzo del operativo para detenerlo en la Escuela de la aldea La Unión Barrios de Salamá, el 16 de junio pasado.
Los agentes esperaron a que hiciera fila en la mesa, entregara su Documento Personal de Identificación (DPI) y votara para confirmar su identidad. Usaba anteojos oscuros y gorra verde. Al salir fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
En la actualidad la judicatura es dirigida por Domínguez quien incluyó en su agenda la indagatoria para el próximo 2 de julio.
El abogado Héctor Reyes, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), indicó que se esperó por muchos años esta captura. “Para las víctimas es muy importante”, dijo y espera la notificación del juzgado para comparecer como querellante.
Galdámez participó en como candidato presidencial el domingo recién pasado por la agrupación política Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y en el escrutinio se sitúa en octavo puesto.
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El señalamiento
La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) realizó un operativo junto con policías en 2011 cuando fue detenido el general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien fue procesado y absuelto en dos juicios por genocidio.
La investigación se deriva cuando Oscar Humberto Mejía Víctores, quien fue ministro de la Defensa y posterior presidente de facto tras derrocar en 1983 al también general golpista Efraín Ríos Montt y entregó el poder en 1986.
El general retirado Mendoza García era viceministro de la Defensa en la misma época.
El MP señala a Mendoza García de haber planificado y ejecutado planes militares que buscaban el control de indígenas. Uno de los planes fue el denominado Sofía que fue implementado en 1982 que documentó torturas, violaciones, desapariciones forzadas y masacres en poblados del área Ixil de Quiché.
¿Quién es?
El general de división en situación de retiro, Luis Enrique Mendoza García, fue el comandante de la operación en la sección del Ejército llamada G3, entre abril de 1982 y agosto de 1983.
La operación militar significó dar órdenes de operaciones a los subalternos y administrar las operaciones relacionadas con la ejecución de los planes Victoria 82 y Sofia.
Hoy representantes de @caldhgt y la Asociación para la Justicia y Reconciliación plantean recusación contra la jueza Claudette Domínguez -que está en audiencia-, para que se aparte del proceso contra el militar retirado Luis Enrique Mendoza García pic.twitter.com/PdWr9qV6ui
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) June 25, 2019
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