Al comienzo de la audiencia, los jueces Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno, rechazaron una acción de Sammy Morales para detener la incorporación de pruebas con el argumento que aún está en discusión un amparo relacionado a los delitos por los que enfrenta el debate: fraude y lavado de dinero u otros activos.
El fiscal Carlos de León entregó una hoja con el resumen de las pruebas a cada abogado y acusado. Al tribunal le explicó que las pruebas surgieron con la discusión del debate que ya suma 101 audiencias y está previo a la etapa de las conclusiones y el fallo.
Una de las pruebas es la sentencia del 3 de abril pasado contra Carlos Gilberto Solórzano Morales y Yoni José Valenzuela Mejía, extrabajadores del excandidato presidencial, Manuel Baldizón, y Génesis Daniela Alvarado Xoná por haber cobrado salarios sin ir a trabajar al Registro General de la Propiedad.
Solórzano Morales y Alvarado Xoná purgan nueve años y tres meses de prisión, por falsedad ideológica y peculado por sustracción. Valenzuela Mejía, diez años de cárcel.
La sentencia confirma la tesis de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) relacionado con las plazas fantasma que otorgó la exregistradora Anabella de León, según la investigación.
El fiscal recordó que el juez Raúl Ramírez ordenó investigar a la exdiputada del extinto Partido Patriota (PP), De León, por los posibles delitos de peculado, peculado por sustracción y asociación ilícita.
La sentencia también ordena que Samantha Marisol Mejía Salguero y Gabriela María Caridi Canet sean investigadas por los posibles delitos de peculado, peculado por sustracción y asociación ilícita. Ambas ya enfrentan el juicio junto con De León.
Colaboración eficaz
El fiscal también intenta que los jueces fijen fecha y hora para reproducir el testimonio, como colaboradora eficaz, de Bianca Yaneth Chacón Barillas, brindada en el Juzgado Sexto Penal el 5 de septiembre del 2017.
Ese relato no fue incluido en el debate por decisión del Tribunal debido a que había sido propuesto en medio de la revisión de las pruebas y la etapa de investigación ya había finalizado, por eso era improcedente.
Las otras pruebas de la Fiscalía son los oficios en donde especifica que los acusados Randy Paúl Gómez Pérez y William Enrique Valdés Segura -ambos en debate- carecían de acceso a informática y así confirmar que jamás llegaron a trabajar al Registro General de la Propiedad.
También un oficio que confirma que no se realizó la actividad Plan operativo anual de 2014, un oficio del entonces ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, que detalla la naturaleza de los fondos del Registro.
La defensa
Solo los acusados Mejía Salguero y Caridi Canet plantearon la incorporación de pruebas nuevas. La acusada Chacón Barillas pidió que sea aceptada su colaboración eficaz, aunque el Tribunal ya resolvió que su declaración es improcedente el año pasado.
Caridi Canet propuso un memorándum del control de empleados en el Registro como su defensa y Mejía Salguero, a través de su abogado Óscar Colindres, documentos periciales para que los jueces avalen que los fondos de la entidad no son públicos sino de aportes privados, tal como lo declaró el testigo Salvador Francisco Lozano durante el debate.
Los Morales, así como la exregistradora De León no propusieron pruebas.
Lee además: Antejuicio contra el diputado Estuardo Galdámez sigue
En discusión
El Tribunal otorgó la palabra al fiscal De León, quien se opuso a las pruebas de la defensa, que tendrá la oportunidad de argumentar mañana.
Después de escuchar los alegatos, será decisión del Tribunal si acepta o no la incorporación de pruebas nuevas.
Los acusados Anabella de León, Sammy y su sobrino José Manuel Morales no tienen pruebas nuevas. pic.twitter.com/8tAMdfFvDy
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) June 19, 2019
Contenido relacionado
>Canastas navideñas del caso Botín en el Registro de la Propiedad
