A pesar de que en 2019 hubo una leve reducción de la población reclusa, el hacinamiento continúa y los penales siguen siendo el principal centro de operaciones de extorsionistas.
En 2009 se terminó la construcción de la última cárcel, Fraijanes 2. Un informe del Centro de Estudios Económicos Nacionales (Cien) detalla que en el 2012 la población reclusa en las 23 cárceles a cargo del Sistema Penitenciario (SP) era de 15 mil 13 hombres y mujeres que vivían en seis mil 682 espacios que se cuentan según la capacidad de cada celda.
A la fecha, el número de privados de libertad es de 23 mil 582, quienes ocupan seis mil 842 espacios. Esto significa que se tienen ocho mil 569 reos más que 12 años atrás.
Desde ese año a la fecha solo han aumentado 160 espacios dentro de la misma infraestructura presidiaria, gracias a remozamientos que se han efectuado.
Desde el 2004 han pasado 25 directores del Sistema Penitenciario. Las principales causas de su salida ha sido la renuncia o remoción del cargo por parte de autoridades de Gobernación.
Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas Públicas, este año, por alimentación, en la que se incluye a guardias y reos, se han invertido Q124 millones Q328 mil de un presupuesto vigente de 166 millones Q217 mil 579 en ese rubro.
Disminución
Entre 2019 y 2023, la sobrepoblación en las cárceles disminuyó en un 6%, lo cual se debió al confinamiento y, por consiguiente, la baja de los delitos y menos casos que se conocieron en los juzgados, según Corinne Dedik, analista del Cien.
“En el 2021 también se registró una baja delincuencial y eso podría incidir en la reducción de la sobrepoblación reclusa. Por la pandemia, el Sistema Penitenciario agilizó la salida de reos que ya tenían derecho, ese también fue un factor”, afirma.
Las condiciones antihigiénicas en que viven los reos son propicias para la proliferación de enfermedades infecciosas, advierte Dedik, debido a la falta de ventilación y de sanitarios en buen estado.
La especialista destaca que las 23 cárceles no cuentan con un sistema de salud propio en el cual se atienda a los reos, para no poner en riesgo la vida de otros pacientes y personal médico en los hospitales nacionales, en los cuales se han registrado ataques armados en intentos por rescatar a los reclusos.
“La atención médica en los hospitales son insuficientes y en años anteriores se han registrado casos de tuberculosis”, señala.
Mismas condiciones
El 17 de febrero de 2020, durante una visita a la cárcel de Cantel, en Quetzaltenango, el presidente Alejandro Giammattei reconocía la crisis en el Sistema Penitenciario y el abandono en que se encontraba.
“Las cárceles de Guatemala pasaban por cambios de directores y subdirectores, a quienes se les pasaban pruebas de polígrafo y de confiabilidad; no obstante, las condiciones son las mismas, dicen especialistas en seguridad y organizaciones sociales”, fueron las palabras del recién nombrado presidente.
Para ese entonces surgía desde las cárceles el 47% de llamadas de extorsión en el país, aunque las autoridades policiales afirman que esa cantidad se ha reducido porque los reos peligrosos han sido aislados.
“Es una población tan grande de reos que, aunque se ha reducido en los últimos cuatro años, el hacinamiento es el mismo”, comenta Dedik, quien indica que, a pesar de que el Ministerio de Gobernación asegura que han utilizado estrategias como el traslado y aislamiento de pandilleros para evitar que coordinen las extorsiones, estas se siguen cometiendo desde los penales, debido a la corrupción.
“Si uno revisa las denuncias, siguen en aumento. En las requisas se decomisan teléfonos, y durante unos días bajan las denuncias de extorsión, pero días después suben porque vuelven a ingresar los teléfonos”, sostiene.
Agrega que otro de los problemas es que no hay separación de perfiles, y quienes son encarcelados por accidentes de tránsito comparten celda con reos peligrosos, lo que también incide en que no haya rehabilitación.
Sin atención
Andrea Barrios, representante de Colectivo Artesana, expone que los gobiernos siempre ofrecen infraestructura carcelaria para los hombres, pero no para las mujeres, cuando estas también viven en malas condiciones y afrontan hacinamiento, principalmente en las cárceles de Santa Teresa, zona 18; Centro de Orientación Femenino, en Fraijanes; y en la cárcel de Quetzaltenango.
“Inversión en infraestructura para mujeres no se hace; no es prioridad del Ministerio de Gobernación”, recalca.
Barrios afirma que si bien se han logrado cambios y políticas institucionales a lo largo de los años, no son visibles.
Sin resultados
Una de las estrategias que hasta ahora no han dado mayores resultados para deshacinar las cárceles es la implementación del control telemático, que funciona desde el 1 de junio último y que todavía es utilizado únicamente por seis personas.
Este sistema, que consiste en colocar tobilleras a quienes son procesados por delitos que pueden optar a una medida sustitutiva, ha sido cuestionado porque no es accesible para todos los privados de libertad y no contribuye al objetivo principal, pues el uso diario del dispositivo tiene un costo de Q50, y Q1 mil 500 si se utiliza por mes.
La Ley de Implementación del Control Telemático establece que si el privado de libertad no tiene recursos, el Estado debe cubrir los costos, pero su uso no se ha popularizado.
