Muchos denunciantes son sindicados en casos que conoce la Feci o por algunas organizaciones, y otras son remitidas desde el despacho de la fiscal general Consuelo Porras.
El fondo de estas diligencias genera reacciones y opiniones divididas de profesionales del Derecho y otros especialistas en temas judiciales sobre los efectos que ocasionan en el desempeño del trabajo de la Feci.
separar procesos
José Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), refirió que la fiscal general debe aclarar si existe alguna ofensiva en contra de la Feci, porque solo ha tramitado denuncias administrativas.
Además, Echeverria resaltó que como sociedad se debe valorar más a las instituciones que a las personas que ocupan los cargos públicos, porque están sujetos a la revisión administrativa y a la responsabilidad pública de sus acciones, y por lo mismo es “delicado” pensar que cualquier responsabilidad que pudiera existir por parte de los fiscales en sus respectivas unidades pueda ser un ataque hacia a ellos.
“Yo creo que lo mejor para todos y para los guatemaltecos es que exista un buen funcionamiento de la Feci, así como del Ministerio Público, porque recordemos que en el MP hay una unidad que recae en la fiscal general”, agregó.
El abogado Rodolfo Pérez Trabanino, con experiencia en Derecho Penal y Económico, expresó que es importante que el estado de Derecho prevalezca y que la penalización de actos privados y públicos no es buena, porque estamos en un país en donde se penaliza todo tipo de actos y esto no resuelve los conflictos de la sociedad.
Advierten riesgos
En opinión de Elvin Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, existe una ofensiva del MP en contra de la Feci, porque Porras tiene una dinámica “arcaica de entender la persecución penal y en cómo dirigirla”, y en su administración toda denuncia presentada contra el personal de las fiscalías debe ser investigada.
“Lo que preocupa es que la fiscal general deba someter a investigación a los fiscales y al jefe de la fiscalía por denuncias que presentan los mismos acusados en casos de corrupción, y eso, simplemente, en cualquier otro país es inconcebible, y una muestra de ello es que el secretario —subsecretario interino de Estado para
Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos— Michael Kozak lo deja claro en sus comunicaciones”, acotó Díaz.
La semana pasada Kozak señaló en su cuenta de Twitter, luego de que se conoció de nuevas denuncias contra fiscales de la Feci, que Porras tiene que perseguir las denuncias legítimas de corrupción a donde quiera que conduzcan, procesar a los corruptos y no a los fiscales que conocen casos de corrupción.
A criterio de la politóloga Marielos Chang, aunque se quisiera dar el beneficio de la duda a la fiscal general, es evidente que se ha convertido en la “piedra en el zapato” de la Feci, y en lugar de fortalecer las capacidades de los fiscales, se ha dedicado a entorpecer su trabajo.
“Es lamentable la señal que transmite la fiscal general a la ciudadanía y a la comunidad internacional, puesto que sus esfuerzos hasta la fecha han sido concentrados en obstaculizar el trabajo de la fiscalía que más resultados y éxitos ha generado en la lucha contra la corrupción”, puntualizó Chang.
Asimismo, hizo ver que los efectos de estas acciones en el corto plazo serían una reducción en la confianza por parte de la ciudadanía al trabajo que efectúa el MP, un indicador que se incrementó después de que se presentaron las investigaciones de casos dirigidos por la Feci.
Chang opinó que podría afectar las inversiones extranjeras y nacionales, porque se conoce mediante datos otorgados por la Universidad del Valle de Guatemala y la Cámara de Industria que en Guatemala se pierde hasta el 30 por ciento en pagos de coimas y corrupción.
Sofía Montenegro, investigadora de Diálogos y politóloga especializada en comportamiento político y opinión pública, considera que las denuncias administrativas en contra de los fiscales debilitan al ente investigador, porque tienen que responder las denuncias y afectan la percepción que tendrá la ciudadanía sobre el trabajo que llevan a cabo.
