Según explica Gómez, la inconstitucionalidad “de carácter general” es en contra del acuerdo 59-2019 de la Fiscalía General de Guatemala que le da vida a la Feci.
A su criterio, esa fiscalía “ha actuado de forma ilegal en todos los procesos” y violenta el propio convenio bilateral suscrito en el 2008 entre Carlos Castresana, en ese entonces jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y Juan Luis Florido, fiscal General de la República.
Gómez dijo que en ese acuerdo se establecen varias ilegalidades, “atentando contra el estado de Derecho” y que el convenio quedó sin licencia a raíz de la declaración de non grato de Jimmy Morales contra Iván Velásquez y la no renovación del mandato de la Cicig en septiembre del 2019.
“Por lo tanto no tiene ningún asidero legal, entre otras circunstancias, la Fiscalía Especial contra la Impunidad”, dice el abogado.
Agrega que desde su creación, la Feci se ha dedicado a perseguir “a su sabor y antojo a cualquier clase de persona que a ellos les convenga destruir” y no a “aparatos clandestinos”, lo que contraviene el Pacto de San José y el Código Procesal Penal guatemalteco.
Consultado al respecto, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, dijo a Prensa Libre que no ha sido notificado, por lo que no podía emitir opinión.
Altercados
El 31 de agosto de 2018, Gómez chocó contra un vehículo que transportaba a personal de la Cicig, el mismo día en que el entonces presidente Jimmy Morales anunció la no renovación del convenio de esa comisión.
El 23 de noviembre de 2020, Gómez denunció por Vea Canal que fue herido de bala en la Avenida de La Reforma y 15 calle, zona 10 capitalina.
En un video divulgado en redes sociales Gómez responsabilizó sobre el ataque al presidente Alejandro Giammattei y a la fiscal general María Consuelo Porras.
Gómez ha representado a Haroldo Mendoza, procesado por supuestamente apropiarse de extensiones de tierra en Morales y Los Amates, Izabal; Marvin Montiel Marín, el Taquero, en el caso de la muerte en 2016 del reo Byron Lima; y Ana Patricia Mazariegos Sánchez -madre de la exdiputada Emmilene Mazariegos- por el caso de corrupción Chicamán.
