El artículo 4 de la ley establece: “Cualquier persona, o menor con autorización de sus padres que tenga la guardia y custodia, podrá acudir al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a dar su muestra voluntariamente de ADN para que se archive en el Banco Genético. El INACIF deberá atender al donante tomando y archivando la muestra”.
Esta base de datos permitiría establecer la identidad de personas desaparecidas cuyos restos sean encontrados o de niños extraviados y ubicados años después. El propósito de la iniciativa, sin embargo, era la aplicación en materia criminal. Al contar con un registro del perfil genético de todos los detenidos y vincularlos a otros delitos mediante la prueba científica del ADN, por ejemplo en delitos sexuales en los cuales se pueda conservar muestras del agresor.
Controversia legal
La puesta en marcha del Banco Genético a cabalidad debería haber empezado el 1 de enero del año pasado, sin embargo, el Consejo Directivo del Inacif, integrado por la presidencia del Organismo Judicial, la jefa del Ministerio Público, presidente del Colegio de Médicos, presidente del Colegio de Farmacéuticos y presidente del Colegio de Abogados presentaron dos acciones de inconstitucionalidad, en la Corte de Constitucionalidad (CC), contra la normativa al considerar que violaban la presunción de inocencia.
El director de Inacif, Fanuel García, indicó previamente que la normativa al especificar que únicamente “un médico” podía tomar la muestra hace imposible para el Inacif tomar todas las muestras a los detenidos por no contar con los suficiente personal en todo el país. A la fecha hay alrededor de 26 mil personas en centros de detención refirió García, lo que da una dimensión de la cantidad de muestras que se deberían tomar.
Según el Inacif por distintas diligencias por las cuales han sido requeridos hay un estimado de 24 mil 402 perfiles genéticos de personas en las bases de datos de la institución. El pasado 22 de febrero organizaciones de la sociedad civil, y un centenar de personas particulares, presentaron ante la CC, una solicitud de Amicus Curiae, es decir, una opinión sobre las acciones de la inscontitucionalidad planteadas pidiendo a los magistrados que no limitaran la toma de muestras a los detenidos. Las organizaciones firmantes y particulares indicaron que consideraban que el Banco de Datos Genéticos era una importante herramienta para resolver toda clase de delitos, pero en particular los delitos sexuales.
Primeros donantes
Entre los primeros cinco donantes voluntarios de material genético para el banco de datos se encontraba la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia Morales, y el diputado Leonel Lira, uno de los ponentes de la ley. Los funcionarios indicaron que esperan que la normativa se ponga en marcha en su totalidad. Según Lira la norma requeriría algunas modificaciones menores, como especificar que cualquier técnico en salud puede tomar la muestra para demandar más personal médico de Inacif.
Según el congresista el Inacif no tendría impedimento presupuestario para implementar el proyecto, ya que el Congreso lo incluyó este año en el espacio presupuestario para la institución.
Consultada la oficina de Comunicación Social de la cartera de Finanzas al respecto, esta indicó: “En el año 2018, el Inacif presentó al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), una solicitud por Q59.4 millones para implementar el Banco de Datos Genéticos para Uso Forense y Registro Nacional de Agresores Sexuales. El Ministerio de Finanzas Públics, instó en esa oportunidad al Inacif a evaluar su su plan de inversiones y utilizar de manera eficiente y productiva los recursos de su saldo de caja”.
En la misma comunicación Minfin indicó que el saldo de caja para Inacif durante 2018 fue de Q128.53 millones. Y que el techo presupuestario de la institución este año fue de Q53.3 millones más.
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