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Además, la jueza Erika Aifán, quien dirige el juzgado en mención, consideró que Palma y Palma debe estar en prisión preventiva porque puede obstaculizar la investigación del Ministerio Público (MP).
El órgano investigador señala a Palma y Palma en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero de valerse en calidad de abogado y notario e integrante de la firma Tax Central para ejecutar el diseño y gestión del plan para evadir el pago de impuestos por la venta de dos apartamentos de Casa Margarita.
Palma y Palma fue asesor jurídico de William Balz Gallardo, otro de los implicados en el caso y quien se encuentra prófugo. En el caso Edificio Gerencial Margaritas, Balz Gallardo está implicado por tres delitos.
Las pesquisas del MP determinan que Balz Gallardo “utilizó a terceras personas, en su mayoría trabajadores, para la designación de representantes legales. De ese modo, contribuyó a ocultar las transferencias, partícipes, propietarios, poseedores y destinatarios reales de los bienes”.
El caso
Según la investigación del MP, esa red tenía por objetivo “apoderarse del Estado y sus distintas instituciones con el fin de obtener y controlar el poder, extraer recursos a través de los particulares que mantenían contratos o vínculos con el Estado y enriquecerse ilícitamente, asegurando su impunidad y la de los demás partícipes”.
“Los grandes contratistas del Estado, particularmente en el ramo de la construcción, concertaron con funcionarios el pago de coimas para acceder a cuantiosos contratos u obtener el pago de deudas”, agregaron.
En esta red participaron supuestamente Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia de 2008 a 2012; el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), Juan de Dios Rodríguez, exsecretario Privado de la Presidencia de Pérez y expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, y el empresario José Maynor Palacios Guerra.
La Fiscalía y la inhabilitada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) documentaron que, de los principales empresarios involucrados, Palacios Guerra hizo pagos a Alejos.
“Para el cobro/pago de comisiones, se utilizaba el sistema bancario guatemalteco y el sistema bancario internacional, particularmente el panameño, como consecuencia de la compra de sociedades off shore en ese país, lo que permitía el manejo de dinero producto de las coimas acordadas. Mediante la elaboración de contratos de préstamos, simulaban ante las entidades bancarias la realización de una actividad económica inexistente, dando apariencia de legalidad al dinero que ingresaba al sistema financiero”, señala la pesquisa.
Las pesquisas determinaron que Alejos recibió US$7 millones 297 mil 650 de Palacios Guerra y sus empresas entre el 9 de febrero de 2011 y el 24 de abril de 2012; es decir, entre el último año de gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza y el primero del Partido Patriota.
El 15 de febrero de 2011, agrega la investigación, Palacios Guerra le transfirió US$1 millónes 421 mil 650 a Dolansea Worlwide Corp. para pagar las acciones de la sociedad Deckner Assets Inc., pero sus activos (apartamentos en Casa Margarita) los recibió y acabaron en poder de Alejos. Dos años más tarde las acciones de las sociedades propietarias de esos apartamentos aparecieron en manos de Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía y para quien habrá una solicitud de retiro de inmunidad.
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