Las medidas de coerción incluyen las no privativas de libertad que el sindicado deberá cumplir, como presentarse ante el juez, tener buena conducta, prohibición para asistir a determinadas reuniones o lugares, prohibición para comunicarse con determinas personas y con las víctimas, así como una fianza proporcional al daño por el que se le señala y su capacidad económica.
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Julio Cordón, secretario de Política Criminal del Ministerio Público, dijo que se busca que las medidas no privativas sean las que usen con más frecuencia en los procesos judiciales.
Además, se mencionan medidas de coerción privativas de libertad, pero que se pueden cumplir en la vivienda del imputado o en el lugar que este señale, si así lo autoriza el juez. Para optar a este beneficio, el sindicado deberá estar en situación de discapacidad o vulnerabilidad, tener un embarazo de alto riesgo, tener una enfermedad grave o estar en inminente peligro de muerte o ser la única persona que puede dar cuidado a un menor de edad.
Sobre la prisión preventiva habría ciertos cambios, como su finalización cuando hayan transcurrido cuatro meses a partir de que haya concluido la audiencia de primera declaración y la Fiscalía no se haya presentado la acusación, clausura, sobreseimiento o cualquier otra forma de terminación del proceso.
El mismo caso se haría si, después de dos meses a partir de la presentación de la acusación, no se haya concluido con la fase intermedia. Otro caso es si no se ha comenzado el juicio seis meses después de la conclusión de la etapa intermedia.
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Estos plazos podrían ampliarse, hasta duplicarse, en casos complejos; es decir, que incluyan a varios sindicados o varios delitos.
La propuesta fue consensuada por el Ministerio Público, del Instituto de la Defensa Pública Penal, la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Los diputados solicitaron que se presente una iniciativa de ley con estas reformas para poder discutirlas y considerar su aprobación o modificaciones.
Según los integrantes de la mesa, esta reforma busca la independencia judicial, la razonabilidad e idoneidad y redefinir un catálogo de medidas de coerción.
En contexto
Esta propuesta institucional surge luego de la muerte de personas implicadas en casos de corrupción que guardaban prisión y estaban siendo juzgados penalmente, como el exdiputado Manuel Barquín, quien murió en agosto de este año. Estaba siendo procesado por delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, financiamiento electoral ilícito y peculado por uso en el caso Lavado y Política.
La muerte del exdiputado se debió a una fibrosis pulmonar y ocurrió en el Hospital Roosevelt, pero diputados culparon a la jueza que llevaba el caso debido a que mantuvo la prisión preventiva al excongresista pese a su estado de salud.
También se cuestionó esta medida debido a la muerte del médico Erwin Raúl Castañeda Pineda, vinculado al caso IGSS Pisa y que murió debido a problemas cardio respiratorios. Esta ocurrió en septiembre del 2016.
Además, en junio de este año, el médico Jesús Arnulfo Oliva Leal, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, se suicidó en la cárcel Mariscal Zavala, donde guardaba prisión preventiva por su vinculación también con el caso IGSS Pisa.
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