Guatemala
¿Puede el presidente de Guatemala citar a la fiscal general del MP a una reunión?
El mandatario busca respuestas sobre el allanamiento en la vivienda del exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado. Anuncia que citará, por tercera vez, a la fiscal general
El pulso entre el presidente Bernardo Arévalo y la fiscal Consuelo Porras subió de tono con el allanamiento en la vivienda del exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado (Foto Prensa Libre: AFP)
Durante una conferencia de prensa el domingo por la noche, el presidente Bernardo Arévalo anunció que citará a la fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, en busca de respuestas sobre el allanamiento efectuado en la vivienda del exministro de Comunicaciones Félix Alvarado; aunque deja la pregunta de si realmente tiene las facultades para hacerlo.
Al concluir el allanamiento en la vivienda de Alvarado, en la zona 15 capitalina, el MP secuestro una computadora, dos pasaportes y un teléfono propiedad del exfuncionario. Hasta ahora el MP no ha dicho oficialmente de qué caso se trata, aunque el diputado del partido Semilla, Samuel Pérez, considera que se trata del caso Corrupción Semilla, como le ha denominado la fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).
Citaciones fallidas
Según lo establece el artículo 251 de la Constitución Política de la República, el MP es una institución independiente y autónoma, lo cual quiere decir que el MP no está subordinado a ninguno de los tres poderes del Estado, incluido el Ejecutivo, por lo que el mandatario no puede interferir en las funciones de dicho ente, ni obligar a la Fiscal General a acudir a una citación, así como imponer directrices que interfieran en su labor.
En ese tema, el abogado constitucionalista, Aquiles Fallace, afirma que la fiscal general solo puede ser convocada a un gabinete especial, pero no está obligada a acudir, y el no atender a la invitación tampoco le trae consecuencias legales.
"Antes de la administración de la fiscal Thelma Aldana, el presidente citaba a los fiscales y si no llegaban los despedida, pero con la modificación de la ley del MP se le agregó un artículo en el que dice que el único causal de despido de la fiscal general es la sentencia condenatoria; entonces, no está obligada —Consuelo Porras— a llegar", afirmó.
Agregó: "Bernardo sigue cayendo en la trampa, parte de las incoherencias que dijo es que no acatará órdenes del MP, pero quien da órdenes es el juez, no hay salida, los artículos no permiten destituirla, solo se puede citar mediante gabinete especial y si no llega no hay consecuencias, la ley no lo permite".
A pesar de lo mencionado, la Constitución Política refiere que el mandatario sí tiene la potestad de convocar a reuniones a los distintos titulares de instituciones públicas para tratar asuntos de interés, como reuniones de colaboración interinstitucional para asuntos de seguridad nacional o combate al crimen organizado. También se pueden dar reuniones protocolarias de carácter informativo.
Respeto
El artículo 156 de la Constitución Política establece que ninguna autoridad puede obligar a otro funcionario a realizar actos contrarios a la ley. Además, el Ministerio Público debe actuar conforme a la legalidad y no responder a intereses políticos o directrices externas. Esto significa que cualquier interacción entre el Presidente y la fiscal general debe ser mediante el respeto mutuo y la autonomía funcional de ambas partes.
Otras reuniones
El 23 de enero último, el mandatario solicitó una reunión con la fiscal general, a quien señaló públicamente de querer impedir su investidura, y la instó a presentar un informe detallado de sus labores y su renuncia.
“Yo creo que sí va a llegar”, respondió Arévalo de León a medios de comunicación al ser consultado sobre la posible asistencia de Porras al Palacio Nacional.
El 29 de enero, después de que la fiscal ya había rechazado una citación con el mandatario, acudió a una reunión con el presidente Bernardo Arévalo y su gabinete, pero se retiró anticipadamente alegando impedimentos legales, sin que abordaran el pedido del mandatario para que renunciara. Ese mismo día, la funcionaria envió una invitación al gobernante para que se reunieran en la sede del MP el 7 de febrero.
Mediante un comunicado en las redes sociales, el MP informó que en la reunión se tratarían temas de trabajo para “coordinar esfuerzos interinstitucionales en favor de las víctimas del delito, y poder velar por los intereses de toda la población para lograr la debida articulación y coordinación de esfuerzos en favor de Guatemala”,
También indicaron que la fiscal general concurrió a la reunión con el mandatario para dar cumplimiento al artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, con la "voluntad de entablar un diálogo constructivo en favor del pueblo de Guatemala". Sin embargo, indicaron que el encuentro no se efectuó “ya que, por mandato de ley, la Fiscal General no tiene la facultad de participar en consejo de ministros, sino únicamente en gabinetes específicos”.
El 7 de febrero, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en representación del presidente Bernardo Arévalo, se reunió con la fiscal general, Consuelo Porras, para abordar estrategias contra la extorsión y el narcotráfico.
Jiménez propuso dialogar con la fiscal general sobre metodologías y estrategias institucionales para abordar delitos relacionados con extorsiones y narcotráfico, como se detalló en una carta publicada en sus cuentas oficiales en redes sociales.
Por su parte, Porras “lamentó” en un video previo a la reunión que Arévalo decidiera no asistir y en su lugar enviara al ministro Jiménez.
"Yo lo invité para que pudiera asistir al Ministerio Público y poder informar sobre todas las situaciones que son de interés para nuestra nación, porque es lo más importante: privilegiar el poder servirle a Guatemala. Entonces le diría yo, señor presidente, reconsidere su venida al Ministerio Público”, dijo Porras un día antes del encuentro.
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