Archila Lima deberá desarrollar las diligencias preparatorias para conocer, analizar y determinar si los medios probatorios e indicios recabados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) de las carpetas judiciales por los Q122 millones que fueron encontrados en maletas en Antigua Guatemala y otra por el caso Libramiento de Chimaltenango son pruebas suficientes para continuar con el proceso.
Ambos procesos penales se encuentran en la etapa intermedia, la cual es una fase crucial debido a que es donde se selecciona la evidencia que será analizada y expuesta y sobre la cual se debe determinar si se va a juicio o desestima la acusación. De acuerdo con la agenda del Juzgado D de Mayor Riesgo, aún no se fijado fecha para el desarrollo de las diligencias de los casos referidos.
Archila Lima se desempeñó anteriormente como juez del Tribunal de Sentencia Penal y Narcoactividad en Chiquimula. En marzo de 2022, también fue designado como juez suplente del Tribunal C de Mayor Riesgo, en sustitución de Pablo Xitumul, lo que le ha imposibilitado tomar el control total del juzgado.
En dicho juzgado se encuentran el caso denominado Construcción y Corrupción, una red que supuestamente cobraba sobornos en el gobierno a cambio de entregar proyectos de obra pública, y Comisiones Paralelas, una investigación que involucra a Gustavo Alejos, diputados, abogados, magistrados y operadores políticos en una estructura que supuestamente interfirió en la elección de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, un proceso que lleva más de dos años sin avanzar en el Congreso.
También están los procesos de Odebrecht, asalto al Ministerio de Salud, el caso denominado red de poder, corrupción y lavado de dinero, entre otros.
Magistrados que resolvieron
De forma unánime los magistrados de la Sala Segunda de Mayor Riesgo decidieron separar a la jueza Silvia Violeta de León Santos, del caso Libramiento de Chimaltenango, luego de considerar que la juzgadora “emitió opinión externa” en el proceso que señala al exministro.
El 30 de agosto de 2021, la referida Sala otorgó un amparo provisional a la excandidata presidencial Sandra Torres, y revocaron la prohibición que tenía Torres para participar en actividades políticas y viajar al interior del país. La exprimera dama enfrenta proceso por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Dicho órgano jurisdiccional es presidido por Harold Estuardo Ortiz Pérez, a quien se le vincula con el exsecretario de la Presidencia Gustavo Alejos, por el caso denominado Comisiones Paralelas, por una supuesta estructura que habría buscado amañar el proceso de designación de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelaciones para el período 2019-2024.
Durante una diligencia que se desarrolló el 8 de enero de 2021, el MP presentó una imagen en la cual Alejos recibe una visita del magistrado Ortiz Pérez, los fiscales explicaron que el material gráfico es un fotograma extraído de un video que registró una cámara de seguridad.
Además, lo integra Edwin Roberto Ruano Martínez, como vocal I, quien en su oportunidad resolvió otorgar medidas sustitutivas a las ciudadanas rusas Irina y Anastasia Bitkov, uso de documentos falsos y supresión al estado civil, vinculadas a una supuesta red dentro del Registro Nacional de las Personas (Renap) y la Dirección General de Migración.
Y Santos Sajbochol Gómez, como vocal II, quien se desempeñó como jefe de la Fiscalía de delitos cometidos contra operadores de justicia, del 13 de agosto de 2007 al 16 de noviembre de 2010 y forma parte del Organismo Judicial desde marzo de 2012.
En reserva
Bajo reserva judicial se encuentra el caso por los Q 122 millones que fueron localizados en 22 maletas que se encontraban en el interior de una residencia ubicada en Antigua Guatemala, Sacatepéquez; el 16 de octubre de 2020, el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito Ruiz, enfrenta cargos de lavado de dinero, este proceso está en reserva judicial.
Su presunta vinculación nació porque supuestamente el exfuncionario habría alquilado la propiedad donde se localizaron varias maletas con dinero, sin embargo, no hay ningún contrato de arrendamiento a su nombre. Por el contrario, Benito ha señalado que la casa nunca fue ocupada por él ni rentada y tampoco ha reconocido la propiedad del dinero.
Caso libramiento
El Ministerio Público afirma que los acusados defraudaron al Estado, por medio del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, en un evento de Licitación Pública, para la construcción de la carretera Libramiento de Chimaltenango, que benefició a la entidad Constructora Nacional, S.A., a través de Renova Ingenieros, S.A., como entidad oferente en el evento.
El caso nació de señalamientos sobre la construcción de taludes de la obra, una fase del proyecto sobre la cual el exfuncionario ha dicho en anteriores oportunidades que esos trabajos no se hicieron bajo su administración. Benito ha insistido en su inocencia y en la participación de gobiernos anteriores en el proyecto, asegurando que durante su gestión solamente de construyeron 2.36 km de los 14.4 km del que consta la carretera.
Ahora la Fiscalía sostiene que el proyecto carecía de la capacidad técnica, económica y financiera, y a pesar de eso, fue adjudicada por el monto de Q77 millones 798 mil 535 por la Junta de Licitación.
Es importante mencionar que el 22 de enero del presente año, fueron enviados a juicio 22 personas señaladas de haber incurrido en fraude, lavado de dinero u otros activos y estafa propia, entre otros tipos penales.
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