Un informe que presentó el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) dio a conocer que en el 2020 los guatemaltecos registraron 22 mil 922 armas; en 2021, 44 mil 995, y el año pasado fueron 54 mil 281, lo que significa que en tres años aumentaron en 136 por ciento.
La violencia también aumentó en ese período. El 2022 cerró con una tasa aproximada de 17 homicidios por cien mil habitantes, que supera a la del 2021, de 16.5, y a la del 2020, de 15.1.
El año pasado, el 83 por ciento de los homicidios en el país se cometieron con armas de fuego y solo el 10 por ciento de estos se perpetran con armas registradas, según datos oficiales.
¿Hay relación?
Sin embargo, según el consultor en temas de seguridad del Cien, Ronaldo Leiva, “existe una natural y apresurada generalización a correlacionar la cantidad de armas de fuego con la violencia homicida de un país”, y que a nivel mundial, en “un país donde hay más armas, el nivel de violencia es menor”.
No obstante, reconoció que la percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos en la actualidad les ha llevado a comprar más armas de fuego para defenderse.
Añadió que en el país “se vive una seria afectación criminal con armas de fuego y métodos violentos, lo que el Estado debe atender con prioridad y perseguir, no solo la circulación de armas ilegales sino a sus portadores, quienes son los que las convierten en instrumentos de intimidación y agresión al servicio del crimen”.
“En Guatemala tampoco se registra una relación entre armas legales y una mayor incidencia criminal, pues en la mayoría de casos la incautación de armas localizadas en escenas del crimen son ilegales”, indicó.
Añadió que de acuerdo con las estadísticas del proyecto Arms Survey, a nivel mundial “los países con más muertes violentas en el 2020 fueron Brasil y Estados Unidos, con 50 mil 446 y 43 mil 250, respectivamente, mientras que Guatemala registró tres mil 88.
En cuanto a la tenencia de armas de fuego, EE. UU. tiene un promedio de 1.20 por persona y en Guatemala es de 0.12.
Armerías y seguridad
En la página web de la Digecam aparecen 178 empresas que venden y compran armas, y el 85 por ciento están registradas en 11 departamentos.
En Guatemala, 74, Jutiapa, 12; Petén, 11; San Marcos, 11; Izabal, 10; Zacapa, 8; Escuintla, 7; Quetzaltenango, 7; Chiquimula 6; Santa Rosa y Jalapa, 5 cada uno.
La incidencia criminal en estas localidades es notable, prosigue Leiva, aunque también hace ver que hay departamentos del oriente que tienen por tradición “portar un arma”.
Además, hay 175 empresas de seguridad que han registrado sus armas de fuego en el Digecam.
fácil acceso
En la actualidad, adquirir en forma legal un arma de fuego es sencillo. Los precios, según el criminólogo Federico Reyes, también inciden en esa facilidad.
“Hoy un arma de fuego puede tener el costo de la Canasta Básica Ampliada —a enero del 2023, Q8 mil 400.28—, y por otra parte se puede pagar en cuotas”, precisa.
A criterio de Leiva es deber del Estado “ejercer el control de quienes tienen y portan armas, puesto que la proliferación de las armas de fuego pone en riesgo a la mayoría, debido a la relación existente de estas con los hechos violentos”.
Robo de armas
El robo o hurto de armas de fuego no es una novedad. Ha ocurrido en instituciones del Estado, en empresas de seguridad y civiles. El problema, puntualiza Leiva, es que muchas de estas armas pasan de la legalidad a la ilegalidad y se convierten en ese millón aproximado de armas que se usan para cometer homicidios o asesinatos.
Para Reyes “la incautación de armas durante allanamientos, retenes o in fraganti son mínimas, si se compara con el flujo de armas en el mercado negro”.
Por ejemplo, un reporte oficial reveló que en el 2021 incautaron 945 armas de fuego; en el 2022 fueron 796, y en lo que va de 2023 la cifra alcanza las 750.
“La incautación de armas es parte del accionar policial y de investigación criminal integral”, refirió el criminólogo.
Agregó que “en la mayoría de casos lo preocupante es que a pesar de todas estas incautaciones y herramientas de análisis balístico por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y apoyo de la Policía Nacional Civil, siguen proliferando en el mercado negro, y la adquisición de armas en forma legal es trámite burocrático bastante sencillo”.
Leiva, por su parte, consideró que “es evidente que son las personas particulares y las empresas de seguridad las que registran el mayor porcentaje de armas, pero también la mayor parte de armas robadas, por lo que se convierten en la principal fuente de armas legales que pasan a la ilegalidad”.
Las armas que más se importan, por la demanda, según los registros, son la defensiva 9 mm y la deportiva, 22 mm, que a su vez son las que se usan en hechos criminales.
Ambas especialistas urgieron planes de despistolización a gran escala.
El Centro de Estudios de Guatemala (CEG) ha expuesto que la ausencia de políticas de prevención y la falta de planes de desarme complican las cosas en cuando a la violencia homicida.
El CEG analiza que la violencia homicida está vinculada con las armas de fuego y desde el gobierno no hay políticas de prevención ni control de armas.
