Para Gálvez esta situación podría ser un indicio de que Osoy Penados se estaba beneficiando de alguna forma anómala.
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Otro argumento que sostuvo el juzgador es que el señalado tenía relación con otros implicados en el caso Cooptación del Estado y hay probabilidad de que recibiera comisiones anómalas para bancarizarlas y luego adquirir automóviles para darle apariencia de legalidad.
En su razonamiento el juez citó la declaración del ex subsecretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad Miguel Ángel Martínez, donde decía que Osoy Penados había participado en la logística de la seguridad de Roxana Baldetti antes de que fuera vicepresidenta.
De la misma indicó que el señalado habría utilizado sus empresas para adquirir un inmueble ubicado en la zona 14 para la exmandataria cuando ejercía el cargo.
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Al finalizar sus argumentos el juez Gálvez otorgó tres meses al Ministerio Público para que presente la investigación con las que se decidirá si se lleva a cabo la apertura a juicio.
Antecedentes
Raúl Osoy Penados, fue capturado el 13 de noviembre por agentes de la División en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil en la 6 avenida y 18 calle de la zona 10 luego que se determinó su identidad puesto que se había mostrado un documento falso.
El sindicado tenía orden de captura vigente desde el 14 de abril de 2016 por Juzgado Primero Penal de Guatemala y era uno de los 117 prófugos a los que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) demandaban al Ministerio de Gobernación que agilizara su trabajo para hacer las capturas.
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Osoy fue el representante legal de Topsa Construcciones, Inversiones Alliance, La Montaña, Beltrans y Empresa Arrendadora El Quijote.
La entidad Topsa se dedicaba a obras de infraestructura. Durante el gobierno de Otto Pérez, recibió contratos por más de Q324 millones, según Guatecompras.
La investigación refiere que Topsa facturó por servicios no brindados por Q11 millones 565 mil 970 pero que sirvieron para pagos y gastos de campaña para el Partido Patriota (PP) de 2011.
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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) detallan que Osoy Penados recibió Q5.2 millones de Terminal de Contenedores Quetzal, S. A., (TCQ) y dio a cambio facturas por servicios ilegales e inexistentes. Ese dinero sirvió para sobornar a sindicalistas a fin de que TCQ consiguiera el contrato de usufructo.
El Juzgado de Extinción de Dominio inmovilizó la avioneta Cirrus SR22, matrícula TG-TNT, y un helicóptero Bell 206, matrícula TG-MIL, propiedad de Osoy Penados. Las aeronaves están embargadas a la espera del final de la investigación de la Unidad de Extinción de Dominio.
De acuerdo con las declaraciones del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, Raúl Osoy Penados fue uno de los financistas más importantes del Partido Patriota (PP) porque dio comisiones ilícitas del 15 por ciento.
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De esas declaraciones se desprende que Osoy habría recibió Q65 millones para un dragado que sirvió para proteger la casa de playa de Marllory Chacón, condenada en Estados Unidos, y entregó de comisión Q15 millones a los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Monzón señaló también que Osoy Penados pagó la fiesta de cumpleaños de Pérez Molina del 1 de diciembre de 2011, cuando el binomio ya había ganado la segunda vuelta electoral.
Además habría pagado Q219 mil para la remodelación de la Casa del Maestro, sede del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, que dirige Joviel Acevedo.
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