“No vamos a permitir que la autonomía de 135 años se lesione. Cuando a mí me dijo el general —Otto Pérez Molina—: ‘Vas a un ministerio’, ‘No, muchas gracias’, le dije… Yo voy a una institución donde no me puedan citar. Esa es la razón de que escogí el Registro General de la Propiedad”, dijo ayer De León, durante un foro con empresarios de la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Alemana.
La contralora general, Nora Segura, sostiene que esos dos artículos facultan a la CGC a fiscalizar al Registro y a todas las instituciones del Estado.
Además, el artículo 2 de la Ley de la Contraloría indica que le compete “la función fiscalizadora en forma externa a los activos y pasivos, derechos, ingresos y egresos y, en general, todo interés hacendario de los organismos del Estado, entidades autónomas y descentralizadas, municipalidades y sus empresas y demás instituciones que conforman el sector público no financiero”.
La contralora empezó la lucha para fiscalizar el Registro al enviar dos cartas, el año recién pasado, al entonces registrador, Édgar Rodríguez; la primera, en julio, y la segunda, en noviembre. En ambas ocasiones el funcionario se opuso a la auditoría.
La tercera carta fue enviada en enero último a la nueva registradora. Ahí se desató la discordia, con quien se llamaba “Anabella de León, diputada contra la corrupción”.
Transparencia
El presidente Otto Pérez Molina dijo ayer que todos los funcionarios deben entregar cuentas, sin importar quién sea.
“Las instituciones podrán ser autónomas, pero todos debemos rendir cuentas, y eso no excluye absolutamente a nadie. Así que no sé en qué contexto diría las declaraciones la directora del Registro”, afirmó Pérez Molina al salir de la reunión que sostuvo con la fiscal general.
“Lo que sí puedo decir es que aquí todos estamos sujetos a fiscalización, y todos tenemos que rendir cuentas, y eso va a cualquier servidor público, y ella es una servidora pública, así que no sé cuál es el contexto de sus declaraciones, pero aquí a todos nos corresponde rendir cuentas”, insistió el mandatario.
Desde el Congreso
La Comisión de Transparencia del Congreso pedirá a la CGC explicaciones acerca de las razones por las que no ha instalado una oficina de auditoría en el Registro General de la Propiedad, “tal y como lo manda la ley”, informó Amílcar Pop, presidente de esa sala.
El parlamentario lamentó que la exdiputada De León se niegue ahora, como funcionaria, a rendir cuentas y a ser fiscalizada, luego de haber sido presidenta de la Comisión de Probidad del Congreso.
“Generar mecanismos que impidan la fiscalización obviamente es porque necesita esconder acciones negativas que pueda haber en el futuro”, refirió Pop.
El abogado Carlos Molina Mencos opinó que los argumentos de la registradora no son válidos. “Todos los funcionarios que manejen dinero público o privado deben ser fiscalizados”, afirmó.
De León anunció que apoyará al Registro en Quetzaltenango, con la digitalización de los libros, a fin de evitar actos de corrupción.
