Mynor Moto, cuando era juez Tercero Penal; Claudia Paola Mansilla Figueroa, asistente de un asesor de la fiscal general; el abogado Dennis Billy Herrera Arita y Marco Aurelio Alveño Hernández habrían definido la estrategia, según la declaración que leyó la jueza Aifán este martes 24 de agosto en una audiencia en la que Herrera Arita pidió modificación al delito por el que está procesado.
Estos detalles no se habían conocido debido a que la audiencia de primera declaración de Herrera Arita estaba bajo reserva.
La declaración que obtuvo la Feci es de Alveño Hernández y fue en julio pasado.
“Recuerdo que el 6 de agosto de 2020 nos reunimos con Claudia Paola Mansilla Figueroa y el juez Mynor Mauricio Moto Morataya con el objeto de abordar varios temas, entre ellos sobre apartamientos. Mynor Moto ya estaba viendo lo de su candidatura a la Corte de Constitucionalidad. En esa ocasión Mynor Moto llegó en forma apresurada, pero me pidió que nos volviéramos a reunir y salió a relucir el plan que estaba gestando entre Paola, Moto y Dennis Billy Herrera Arita a efecto de señalar que la jueza Erika Aifán era incompetente de conocer en el caso Comisiones Paralelas”, refiere la declaración.
Agrega: “El fundamento para señalar que la jueza Aifán era incompetente era que cualquier hallazgo que se diera dentro del proceso principal debería ser puesto en conocimiento de la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público y solicitar control judicial de la causa”.
El testigo detalló: “En esa reunión Paola -Claudia Paola Mansilla Figueroa- presume que a ella se le había ocurrido la estrategia de la discrepancia, pero Dennis Herrera y su hermano -Douglas Herrera Arita- con quienes son grandes amigos comentó, que no lo habían plasmado correctamente”.
En la audiencia la jueza Aifán no aceptó reformar el delito a Herrra Arita quien continúa ligado a proceso por conspiración para la obstrucción de la justicia. La defensa del abogado pidió modificar la figura delictiva a obstaculización a la acción penal.
Análisis de veracidad
El 25 de julio pasado, un medio nacional publicó una nota sobre supuestas filtraciones en del Ministerio Público de información de casos relevantes llevados por la Feci y la Fiscalía ofreció hacer un análisis para determinar la veracidad de los señalamientos.
La nota se basa en la supuesta declaración otorgada a la Feci por Alveño Hernández en calidad de sindicado, el pasado 13 de julio.
En el supuesto testimonio, en el que también se adjuntan otras pruebas como la impresión de correos electrónicos, imágenes y conversaciones, Alveño delata el papel de Claudia Paola Mansilla Figueroa dentro del Ministerio Público (MP).
Revela que Mansilla, que fue su compañera de estudios en la Universidad de San Carlos, le contó en junio del 2020 que laboraba como asesora de Héctor Aníbal de León Velasco, que a la vez era asesor de la fiscal General, María Consuelo Porras, y quien tenía a su cargo los proyectos de apartamiento de fiscales en el Despacho Superior del MP.
En la declaración testimonial, Alveño cuenta que Édgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala, de quien era abogado, le dijo el 15 de mayo de 2020 que estaba preocupado porque policías se encontraban haciendo preguntas en su domicilio en la zona 16 capitalina, y que luego tuvieron información de que se trataba de una investigación sobre el caso Bancafé.
Alveño dijo que, por ese caso, Barquín había tenido “un acercamiento” con la fiscal General “por instancias del Presidente de la República” a través de Ángel Pineda.
EL abogado dijo que, entre otras acciones, se le instruyó que “se solicitara el apartamiento de los fiscales a cargo del caso”.
Barquín también le pidió que fuera con el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del caso, para obtener más información sobre la orden de aprehensión, quien le confirmó que no podía emitir una orden de aprehensión sin fundamento.
“Plan elaborado”
De acuerdo con la declaración testimonial de Alveño, en agosto de 2020 se reunió con Claudia Mansilla y el exjuez Mynor Moto, donde le revelaron un plan para señalar que la jueza Érika Aifán “era incompetente de conocer el caso Comisiones Paralelas”, pero que dicho plan, elaborado junto con Dennis Billy Herrera, iba a ser rechazado, por lo que pidieron asesoría, ampliaron la solicitud y fue así como el 29 de octubre de 2020 fue declarado con lugar el planteamiento.
Alveño asegura que, aparte de las reuniones personales, todas las comunicaciones se dieron a través de Telegram, pero con mensajes “autodestruibles”..
Relata que después de que el caso fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Transnacionales, tal y como Mansilla se los había adelantado, ella llegó a su despacho para exigirle Q50 mil por el “apartamiento del Lic. Édgar Barquín, y que, además, le pidió que se reuniera con Maynor Moto para apoyarlo en la campaña para su elección como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Casos de la Feci
Alveño asegura que el 11 de noviembre del 2020, Mansilla lo visitó en su apartamento para recibir un adelanto de Q30 mil del pago requerido, quedando pendientes 20 mil.
Asegura que ese día, Mansilla llevó un informe con todos los casos que se llevaban en la Feci y le ofreció una copia; sin embargo, él se negó a recibirla, pero anotó los números de casos y personas en un documento que le fue incautado después por las autoridades durante un allanamiento.
El abogado continúa diciendo que el 18 de noviembre de 2020 se reunió personalmente con Moto y Mansilla, en donde le volvieron a pedir su apoyo para la elección a la CC.
“Me señaló Mynor Moto que la Licda. Éricka Aifán había comenzado con sus berrinches respecto de la discrepancia planteada; Paola Mansilla agregó que el Lic. Juan Francisco Sandoval estaba necio con operativizar el caso, pero que la Fiscal General no lo había dejado, según ella había escuchado en el Despacho Superior”, relata el abogado en la supuesta declaración testimonial.
Alveño también declaró que en una ocasión Francisco García Gudiel le contó que estaba siendo investigado por la Feci y que un agente del Deic le confirmó la investigación, por lo que le pidió que se reunieran para ver si le podía ayudar.
Cuenta que en la reunión llamaron a Mansilla y esta les confirmó que el caso en el que estaba involucrado García Gudiel era del Construcción y Corrupción. Mansilla también les habría pedido US$9 mil, la mitad por adelantado, por el apartamiento del caso, de lo que pagaron US$4 mil 500 el 23 de enero de 2020.
Además, el 26 de febrero de 2021, Alveño se enteró de que la Feci estaba efectuando allanamientos por una filtración de información que se le hizo llegar al sindicado Gustavo Alejos, exsecretario presidencial.
Alveño cuenta que, preocupado llamó a Mansilla, y esta le dijo que él estaba “clean” (limpio).
