Se trata de las auxiliares fiscales Gilma Guerra y Masell Pérez, quienes tuvieron a su cargo casos como Traficantes de Influencias y Financiamiento UNE.
Además, se sabe que Pérez apoyó al exfiscal Carlos Videz, quien el pasado domingo informó que salió al exilio ante la “actual persecución” contra “operadores de justicia independientes”, en la investigación relacionada con los Q122 millones vinculados al exministro de Comunicaciones José Luis Benito.
Otros casos
Además de Videz, quien presentó su renuncia el pasado 17 de febrero y que ahora estaba a cargo de la Fiscalía contra las Extorsiones, también renunció Kevin Montes, quien actualmente estaba en el Fiscalía de Chuarrancho y había laborado también en la Feci. El MP informó que ese mismo día también renunció el agente fiscal Lorenzo Bolaños.
El pasado 13 de febrero, el abogado Rudy Herrera, fiscal de la Feci que investigó irregularidades en elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, también presentó su renuncia.
Herrera, quien investigó a la familia rusa Bitkov, había dejado de laborar en la Feci desde el 3 de febrero y luego de denunciar persecución penal por parte del MP anunció que decidió exilarse en EE. UU.
El exfiscal tenía a su cargo el Caso Comisiones Paralelas y denunció que en Guatemala se ha implementado una campaña de persecución contra operadores de justicia independientes con el objetivo de “garantizar impunidad a las redes criminales” que operan en el país.
“La fiscal general Consuelo Porras llegó al cargo con la misión de garantizar impunidad a las redes criminales que, en teoría, debería investigar. Esto hizo las cosas difíciles para los fiscales comprometidos con nuestro trabajo desde el primer día, pero en los últimos meses ha sido cada vez más claro: las investigaciones solo avanzan si son contra actores incómodos”, refiere el documento firmado por Herrera.
Agrega que “yo fui uno de los fiscales a cargo del Caso Comisiones Paralelas, que ilustra los esfuerzos y acuerdos que realizan distintos actores corruptos para mantener doblegadas las instituciones de justicia. Por esto debí tomar la dura decisión de salir del país, junto a mi familia, para evitar ser víctima de una injusta persecución diseñada para castigar a quienes nos atrevimos a exponer la corrupción y exigir que quienes se benefician de ella rindan cuentas”.
Herrera agregó que emprenderá acciones legales contra Porras y su equipo de trabajo.
Añade que “ante la oleada de persecución injustificada contra colegas que investigaron los casos más emblemáticos de la lucha anticorrupción, hago un llamado a la ciudadanía. Me niego a aceptar que una vida digna y el acceso a la justicia pronta y cumplida solo es posible si nos vamos del país que nos vio nacer. Y solo si fortalecemos esa convicción y trabajamos por que se materialice, podremos poner un alto a tantos abusos. A mis colegas criminalizados, les admiro y me solidarizo. Tenemos la conciencia tranquila que lo único que hicimos fue hacer nuestro trabajo con dignidad y decoro”.
Al menos 15 exoperadores de justicia guatemaltecos se encuentran en el exilio debido a la persecución que enfrentan en el país, según afirmó el exfuncionario del Ministerio Público Juan Francisco Sandoval.
El abogado, líder de la lucha anticorrupción entre 2014 y 2019 en Guatemala, indicó en una entrevista en medios internacionales que el motivo del exilio se debe a la “persecución” en contra de los fiscales anticorrupción por parte de la jefa del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Consuelo Porras.
Sandoval recordó que tuvo que salir al exilio en julio de 2021 tras ser removido de su cargo por la misma Porras, quien lo acusó de supuestos “vejámenes” en su contra.
La mencionada decisión de Porras provocó que Estados Unidos la sancionara en septiembre de 2021 con la remoción de su visa y el impedimento de visitar la nación norteamericana, acusada de “obstruir” la justicia en casos de alto impacto.
Sandoval dijo en julio, antes de salir de Guatemala, que investigaba un presunto caso millonario de corrupción del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, con ciudadanos rusos por la licitación de un puerto, cuando fue removido de su cargo.
Además de Sandoval, también se encuentran en Estados Unidos exiliados la exjefa del Ministerio Público Thelma Aldana (2014-2018) y el fiscal Andrei González, entre otros, quienes de igual forma protagonizaron la lucha anticorrupción en Guatemala entre 2014 y 2018.
Dicha lucha anticorrupción comandada por Aldana, Sandoval y el exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), el abogado colombiano Iván Velásquez, desmanteló más de 50 estructuras clandestinas de corrupción y puso tras las rejas a más de 200 políticos y miembros de la élite empresarial.
Sin embargo, en la última semana el Ministerio Público bajo el mando de Porras ordenó la captura de seis fiscales anticorrupción en dos casos distintos, uno de ellos “bajo reserva” por lo que no se tiene información pública. En el otro caso, los fiscales están acusados de supuestamente coaccionar a un testigo.
Una de las detenidas, Leily Santizo, declaró que teme por su vida pues se encuentra en la misma cárcel que docenas de personas a las que imputó penalmente.
Sandoval añadió este miércoles “hay que investigar” a Porras pues “no es normal que 13 -ahora 15- operadores de la justicia estemos en el exilio” y “por lo menos cuatro personas que trabajaron en conjunto con la Cicig estén en prisión”.
Tanto Estados Unidos como el Reino Unido expresaron este miércoles su “preocupación” por las detenciones de fiscales ordenadas por el Ministerio Público que lidera Porras.
La Cicig se estableció en Guatemala en 2007 a través de un acuerdo entre el Gobierno y la Organización de Naciones Unidas para desarticular los aparatos clandestinos dentro del Estado en el país centroamericano, uno de los seis más corruptos de Latinoamérica, según diversos estudios al respecto.
Sandoval fue uno de los líderes de la investigación que en 2015 obligó al presidente de Guatemala en aquel momento, Otto Pérez Molina, a renunciar para enfrentar cargos por millonarios sobornos en el ente recaudador de impuestos.
MP responde
El MP señaló que las investigaciones en contra de exfiscales se derivan de denuncias presentadas y que por mandato legal tienen la obligación de investigar.
“Las órdenes de aprehensión solicitadas se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas. Esto no implica una criminalización, ni venganza sino implica el estricto cumplimiento de la ley y al debido proceso”, dijo el ente investigador.
“Hacer cumplir la ley no puede considerarse criminalización, la justicia debe ser objetiva. El Ministerio Público debe realizar la investigación para determinar la posible comisión de un acto constitutivo de delito, ya que nadie es superior a la ley”, puntualizó.
