En su declaración, la exvicepresidenta dijo que envió una circular a todas las dependencias de la Vicepresidencia y la Presidencia para aclarar que Omar Nájera –señalado por la fiscalía de tomar el control del RIC junto con Monzón– no era su empoderado y no tenía ninguna autoridad para autorizar contrataciones. “El señor Nájera era un empleado de Juan Carlos Monzón y dejé claro que no quería que tuviera que ver con la gestión”, aseguró.
– "¿Recuerda ante que autoridad denunció al señor Monzón luego de enterarse de la existencia de plazas fantasmas?"
– pic.twitter.com/5oH9XXinhW— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_) November 14, 2018
No obstante, la exvicepresidenta evadió responder a la fiscalía si recordaba haber interpuesto una denuncia al tener conocimiento de las plazas fantasmas en el RIC.
El caso
El Ministerio Publico (MP) imputó delitos a 15 sindicados en el proceso penal por plazas fantasma en el RIC. A la exvicepresidenta Baldetti se le señaló que cometer los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción, y a la exdiputada del desaparecido Partido Patriota, Daniela Beltranena, se le imputó el delito de peculado por sustracción.
De acuerdo con la acusación del MP, durante 2012 a 2015 una estructura ilícita operó a lo interno del RIC para crear plazas fantasmas para pagar favores políticos o sufragar gastos varios.
La Fiscalía señala que, durante el 2013 y 2015, el gobierno del PP nombró a Emilia Ayuso, cercana a Baldetti, como directora interina, quien designó a Carlos Humberto Santos Olivares como gerente financiero del RIC.
La investigación arrojó que por instrucción directa de Baldetti y Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidencia y colaborador eficaz de la fiscalía, Ayuso contrató a personas en el RIC en base a una lista específica.
En libertad
Juan Carlos Monzón es colaborador eficaz del MP en los casos de Cooptación del Estado y La Línea y está libre desde el 15 de junio de este año.
La libertad le fue conferida a Monzón con el fin de resguardar su seguridad, dijo Juan Francisco Sandoval, fiscal Especial contra la Impunidad (Feci), a pesar de que se le ofreció seguridad por parte del programa de protección a testigos, pero rechazó la oferta.
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