A esa situación se le denomina causa para diferir la entrega —de una persona—, según la normativa.
La exvicepresidenta Roxana Baldetti afronta cargos penales en el país por tres procesos de supuesta corrupción gubernamental.
Al caso con más avances en términos judiciales se le conoce como Amatitlán, por la supuesta compra de un líquido con el cual se limpiaría el agua del Lago de Amatitlán, por el cual ya se ordenó que enfrente juicio.
También se le sindica en el caso Cooptación del Estado de Guatemala, el cual se divide en tres fases: TCQ, Cooptación y la Cooperacha. La exfuncionaria afronta cargos en las primeras dos secciones del expediente.
Por último, el caso de defraudación aduanera La Línea, en el cual también se señala a Baldetti, está próximo a que se efectúe la audiencia en la cual se decidirá si los acusados enfrentarán una acusación ante un tribunal de Sentencia Penal.
El tratado de extradición entre Guatemala y EE. UU. es un documento jurídico que data de 1903.
Largo proceso
Para Gustavo García, experto del Departamento de Análisis, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el simple proceso de notificación a Baldetti sobre la extradición ya es un proceso engorroso: El Ministerio de Relaciones Exteriores debe notificar al Ministerio Público sobre la petición y este debe progragamar una audiencia para hacerle saber a la exvicepresidenta sobre la solicitud.
García recordó el proceso del expresidente Alfonso Portillo, quien debió primero afrontar a la justicia del país antes de ser enviado a Estados Unidos.
En cuanto a largo plazo, García recordó que, efectivamente, la exfuncionaria debe solventar en el país su situación jurídica y legal antes de procederse a la extradición.
El investigador dijo que, por ejemplo, en el caso de ser condenada por los delitos que se le sindican, sólo en el lapso de las respectivas apelaciones y presentación de recursos, eso ya representa un período razonable antes de proceder con la extradición.
Y en el caso de que la sentencia quede en firme, Baldetti debe cumplir con la última condena antes de plantearse la extradición; y en ese sentido, no existe otra vía para apresurar el proceso, dijo el experto.
Acusación
La exvicepresidenta Íngrid Roxana Baldetti Elías utilizó su alta posición dentro del Gobierno para que las fuerzas de seguridad beneficiaran de forma directa al cartel de narcotraficantes los Zetas, con el que habría tenido negociaciones directas aun antes de jurar el cargo, señala una investigación realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La pesquisa precisa que antes de ser vicepresidenta —en el período de campaña electoral—, Baldetti Elías pidió a los Zetas que le brindaran seguridad durante sus mítines políticos y también habría recibido US$250 mil —Q1.8 millones— de ese grupo criminal, como parte de un supuesto acuerdo entre ella y los narcotraficantes.
La información figura en la acusación formal para pedir la extradición de la exvicepresidenta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a Guatemala a través de su embajada en el país, la cual fue remitida al Ministerio Público (MP) y posteriormente al Organismo Judicial (OJ).
La solicitud de extradición ingresó la tarde del pasado 7 de junio, emitida por la Corte del Distrito de Columbia, la cual señala a Baldetti Elías de haber cometido los delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas.
Regalos por impunidad
En la acusación, documento al que tuvo acceso Prensa Libre, se detalla que “una investigación realizada por las autoridades policíacas reveló que Baldetti Elías aceptó dinero y regalos por parte de traficantes de droga”.
Este cuenta la historia de cómo la exvicegobernante, al recibir dinero, regalos y seguridad, se comprometió a utilizar la fuerza pública en favor de este grupo para que pudiera trasladar fácilmente los estupefacientes que después llegarían a EE. UU.
El reporte señala que eso habría ocurrido cuando Baldetti Elías hacía campaña electoral en el 2011 y que, a cambio, ella habría prometido “utilizar su influencia como vicepresidenta para permitir que los traficantes de droga operaran con impunidad en Guatemala”.
“Baldetti Elías prometió que, como vicepresidenta, ella restringiría las actividades de los cuerpos policiales para permitir que los traficantes de droga, quienes contribuyeron a su campaña, utilizaran las rutas terrestres, aéreas y marítimas para trasportar drogas a través de Guatemala”, se lee en el documento entregado al OJ.
Según la pesquisa, la exvicepresidenta, mientras se desarrollaba la campaña electoral, se reunió con varios testigos colaboradores, incluido uno que trabajaba para el cartel de los Zetas —descrito únicamente como testigo 1 en el documento— en la ciudad, y fue ahí donde acordó recibir dinero a cambio de “permitir a los miembros de los Zetas traficar cocaína a través de Guatemala a México para su eventual exportación a Estados Unidos” cuando estuviera en el cargo en el Organismo Ejecutivo.
Fue por ese acuerdo que recibió dinero del citado cartel a través de individuos designados que actuaron como sus agentes durante el 2011.
“El testigo 1 dirigió dinero y entregas de regalos a los agentes de Baldetti Elías, porque el testigo 1 creyó que les permitiría a los Zetas el tráfico de cocaína a través de Guatemala después de que fuera electa vicepresidenta”, se precisa en la acusación.
Estado pro narco
El detalle más revelador de la acusación contra la exvicemandataria es que ella habría propiciado que los recursos del Estado obraran en favor de la organización criminal, al sacar del juego a un contrincante de ese grupo.
“Durante el 2012, bajo la dirección de los Zetas, el testigo 1 le pidió a Baldetti Elías ayuda para eliminar a un traficante de drogas de la competencia asociado a un cartel mexicano rival que también operaba en el territorio guatemalteco”, señala el informe.
El documento precisa que luego de haber recibido la solicitud de los Zetas, la exvicegobernante explicó “al testigo 1 que el traficante de droga rival tenía una orden de arresto vigente”, sugiriendo que ella resolvería el problema.
“Posteriormente, el traficante de drogas de la competencia fue arrestado por los cuerpos policiales guatemaltecos”, asegura el informe.
Según los registros policiales, durante el 2012 fueron capturados tres traficantes de estupefacientes de alto perfil.
En abril fue detenido Horst Walther Overdick Mejía, quien en diciembre de ese mismo año fue enviado a Estados Unidos luego de haber sido acusado del trasiego de mil 200 kilos de droga.
El mexicano Ramón Antonio Yánez Ochoa fue detenido en septiembre del 2012, junto a un colaborador guatemalteco.
El narcotraficante fue condenado a 28 años de prisión en el país en octubre del 2016 por asociación delictiva, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y lavado de dinero u otros activos.
Mientras que Luis Fernando Castillo Velásquez fue capturado en diciembre del 2012.
A esta persona se le vincula con el grupo de Carlos Rubio Parra, alias el Canche, quien fue capturado en México en el 2016 y es solicitado por Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y en Guatemala era buscado por 12 asesinatos.
El ministro de Gobernación de ese entonces era Mauricio López Bonilla, quien también es señalado por los mismos delitos que la exvicepresidenta, pero que, según las autoridades, hasta este momento no ha sido solicitada su extradición.
Campaña millonaria
En la campaña electoral del 2011 fue evidente que los partidos más votados rebasaron ampliamente el techo establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), señaló la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en un informe sobre el tema.
En el caso del Partido Patriota (PP) —el que llevó a Baldetti Elías al poder—, presentó un presupuesto electoral de Q50 millones 900 mil.
Sin embargo, el informe de Auditoría Electoral del TSE, entre mayo y septiembre del 2011 el PP gastó solo en medios de comunicación monitoreados Q91.7 millones; es decir, pasó el techo presupuestario por más de Q40 millones.
Según la documentación entregada por esa agrupación política al TSE, ese partido gastó entre mayo y septiembre de ese año más de Q39.4 millones.
Según el TSE, de mayo a julio el PP rebasó su techo autorizado y en cuanto al origen de los fondos los informes presentados por la organización política aseguraban que el 93 por ciento de los gastos hechos en ese lapso provino de actividades de autofinanciamiento que fueron, según el PP, Q36 millones.
En el informe hecho por la Cicig se detalló la filtración del narcotráfico en las organizaciones políticas.
“Con respecto al financiamiento que grupos de crimen organizado dan a campañas electorales, puede señalarse que desde el inicio de la democratización estos grupos han aportado recursos a los partidos, en distintos niveles”, precisa la comisión en ese informe.
Agrega que esos grupos criminales apoyan a candidatos presidenciales, generalmente de manera indirecta, con financiamiento, logística y otros recursos, a cambio de acceso, información y protección.
Seguridad y más dinero
La acusación hace señalamientos específicos contra la exvicepresidenta y confirma lo que el informe de la Cicig señaló en el 2015, pues asegura que ella solicitó al grupo criminal que le brindara seguridad en sus mítines, petición a la que los criminales accedieron.
“Por ejemplo, los Zetas proporcionaron a Baldetti Elías guardias de seguridad armados durante los eventos de su campaña vicepresidencial en Huehuetenango desde noviembre del 2010 a enero del 2012”, señala de forma íntegra el documento.
Además, asevera que después de haber ganado las elecciones presidenciales con el PP, siguió recibiendo dinero del grupo criminal, pues entre noviembre del 2011 y enero del 2012 el testigo 1 pagó más de US$250 mil, que significa Q1 millón 835 mil al tipo de cambio vigente, como parte de su acuerdo.
En la acusación se asegura que en esa ocasión Baldetti Elías, quien ya era vicepresidenta electa, le proporcionó al testigo 1 una grabación de video que mostraba a su agente recibiendo el dinero del agente del testigo 1 para confirmar el pago.
