Irina y Anastasia Bitkova fueron sentenciadas a ochos años de prisión por el delito de supresión y alteración del estado civil, y a seis por uso de documentos falsificados.
De acuerdo con Juan Francisco Sandoval, fiscal contra la corrupción del Ministerio Público, este lunes fueron notificados de la resolución de la Sala con respecto a la condena contra 40 personas vinculadas al caso denominado Migración, relacionado a una red de tráfico de personas.
“Es su momento el tribunal dio certeza probatoria a los medios que fueron presentados con la Fiscalía con relación a una red para el ingreso, tránsito y traslado ilegal de personas en el país”, dijo Sandoval.
El 5 de enero del 2018, el Tribunal de Sentencia Penal para Procesos de Mayor Riesgo A condenó a ese grupo de personas y fue hasta este lunes que la sentencia fue confirmada.
Detalles
La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo fue la encargada de resolver en contra de la madre e hija, integrantes de la familia Bitkov, quienes llegaron legalmente al país centroamericano en 2009 y adquirieron posteriormente documentos supuestamente legales que los acreditaban como originarios de Taxisco, Santa Rosa (al sureste del país), obtenidos a través de una red de falsificación en la entidad migratoria.
El primer proceso en contra de la familia rusa había sido por los mismos delitos y había tenido una sentencia condenatoria en enero de 2018 en contra de Igor Bitkov, su esposa Irina y su hija Anastasia, pero tres meses más tarde la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal, retrotrajo el proceso a su fase intermedia, previo a conocer si la familia, y una red de 40 presuntos falsificadores, irían a juicio.
El caso de Igor Bitkov fue separado del de su esposa e hija, por lo que el ciudadano ruso fue procesado y condenado en diciembre de 2018 a siete años de prisión por haber falsificado documentos y por los delitos de supresión y alteración de estado civil, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo mandato concluyó en septiembre pasado.
La familia ha intentado demostrar su calidad de inmigrante y “víctima” de una mafia dentro del Instituto Nacional de Migración al venir a Guatemala, luego de haber supuestamente, según su versión, tenido que salir de su natal Rusia donde presuntos empresarios allegados al presidente ruso, Vladimir Putin, “usurparon” sus bienes.
Sin embargo, la prensa local ha señalado que la familia poseía en Rusia una empresa papelera valorada en US$700 millones y que, tras haber defraudado a sus accionistas por US$6 millones, se fugaron y llegaron a Guatemala.
Durante diversas fases del proceso judicial, la familia rusa se ha visto involucrada en señalamientos del propio Gobierno de Guatemala, la ONU (ente que regía a la CICIG) y el senado estadounidense, llegando a conseguir que varios políticos republicanos, como el senador Marco Rubio, sugirieran una posible “conspiración” entre la CICIG y el Kremlin.
La familia rusa también fue apoyada por el expresidente Jimmy Morales (2016-2020), quien se mostraba conmovido la supuesta persecución en contra de los europeos y solía mencionar el caso como un ejemplo de los presuntos excesos cometidos por la CICIG, entidad que lo acusaba, junto a la Fiscalía guatemalteca, de haber cometido delitos electorales con tal de hacerse del poder en la elección de 2015.
