En este caso había 52 personas implicadas, entre ellos Gustavo Herrera, un antiguo operador de cortes asilado en Nicaragua y que fue el cerebro detrás del desfalco al IGSS en 2003.
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Los jueces que firmaron la resolución son César Aníbal Najarro López -que también dio amparo provisional a Mynor Moto para que fuera juramentado magistrado de la Corte de Constitucionalidad-, Noé Moya García y Gloria Dalila Suchite Barrios.
El caso estaba a cargo de Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D.
Esa misma sala de Apelaciones fue la que en diciembre anuló el proceso a favor de Armando Escribá, exdiputado procesado en una fase del caso Construcción y Corrupción sobre vínculos con constructoras que hicieron contratos millonarios con la Dirección General de Caminos en los gobiernos de la UNE y el PP. No obstante, la Cámara Penal de la Corte Suprema revirtió este fallo y lo dejó de nuevo a cargo de Aifán.
El caso
Según la Feci, una red usó empresas de sociedades anónimas y limitadas, así como una off shore para lavar dinero del desfalco de Q350 millones del fideicomiso Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A., que nació como un proyecto de vivienda popular para jubilados de la institución.
Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd., financieras vinculadas a Herrera, habrían vendido por Q232.7 millones, cuando le habrían costado Q220 mil. Hasta julio de 2013, las autoridades habrían recuperado Q228.5 millones de los Q350 millones defraudados.
