La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) pidió que un juez acudiera al lugar y verificara la situación en la que se encontraban los internos del Hogar Seguro.
La jueza expuso en su defensa que la Policía Nacional Civil (PNC) no la dejó ingresar cuando llegó al Hogar Seguro Virgen de la Asunción, por lo que no pudo efectuar la diligencia.
La Supervisión General de Tribunales, instancia del Organismo Judicial, fue la que denunció a Murillo ante la Junta de Disciplina Judicial, al considerar que había actuado mal.
La exhibición personal que la jueza debía efectuar era para que constatara el estado de los internos y dictara órdenes a los órganos de protección de la niñez y la adolescencia, lo cual no ocurrió.
De esa cuenta fue que la PNC se aseguró del orden en el Hogar Seguro y cerró bajo llave un grupo de internas, donde se produjo el incendio con saldo de 41 víctimas.
Rocío tiene tres días para interponer las acciones legales que considere pertinentes, para evitar que la sanción que en su contra emitió la Junta de Disciplina Judicial cobre vigencia.
