Todo comenzó el 6 de febrero de 2019 cuando el Ministerio Público (MP) solicitó el retiro de inmunidad de Torres Casanova. Diez días después se puso a disposición del juzgado y entregó su pasaporte, luego de perder la segunda vuelta de las elecciones del 11 de agosto de ese año frente a Alejandro Giammattei, actual presidente.
Fue el 2 de septiembre de 2019 que Torres Casanova fue arrestada en residencial Maderos 2, en el kilómetro 8 de carretera a El Salvador, por su presunta responsabilidad al no reportar al Tribunal Suprema Electoral (TSE) Q19.5 millones de la campaña electoral de 2015.
El 16 de octubre de 2019 fue ligada a proceso por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado y la enviaron prisión a la Brigada de Mariscal Zavala, por considerar que podría obstaculizar la averiguación de la verdad, de acuerdo con el criterio de la jueza Claudette Domínguez, quien tres años después varió su resolución.
El 8 de enero de 2020 logró salir de la cárcel y gozó de arresto domiciliario. La jueza de Mayor Riesgo E, Eva Recinos, le impuso el pago de una fianza de Q800 mil.
El 31 de agosto de 2021 la Sala Segunda de Mayor Riesgo concedió un amparo provisional a Sandra Torres y le cambió las medidas sustitutivas impuestas y revocó la prohibición que tenía Torres para participar en actividades políticas y dejó sin efecto el arresto domiciliario.
El 18 de diciembre de 2021, la defensa de Sandra Torres acudió a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y puso a disposición el pasaporte con su visa estadounidense. Torres no lo había entregado, a pesar de que era una de las condiciones para salir de prisión.
La trama legal continúo y el 20 de diciembre de 2021 los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron de manera favorable un incidente planteado por la defensa de Torres, quien aseguraba que era inconstitucional su proceso penal, al considerar que los hechos por los que era señalada la excandidata ocurrieron en la campaña política del 2015, mientras que el delito que se le imputaba recién fue creado en el 2018 por el Congreso de la República.
El 13 de agosto de 2022 fue trasladado Fernando Aldana, fiscal a cargo del caso contra Torres Casanova.
Fue el 14 de octubre de 2022 que la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo otorgó un amparo definitivo a Torres, lo que le permitió movilizarse en todo el territorio y participar en reuniones políticas.
El 3 de noviembre de 2022 el MP modificó el delito de financiamiento electoral no registrado a financiamiento electoral, en la audiencia de etapa intermedia en el caso y la acusación expuesta fue por Q5.9 millones.
El 17 de noviembre de 2022 el MP solicitó que Sandra Torres enfrente juicio por asociación ilícita y financiamiento electoral . Doce días después, el 29 de noviembre de 2022, la jueza Claudette Domínguez, decreta el cierre del proceso a favor de Sandra Torres y no deberá enfrentar juicio ni por asociación ilícita ni financiamiento electoral.
