Sinibaldi, sindicado de actos de corrupción durante el gobierno del Partido Patriota, estaba prófugo de la justicia desde el 11 de julio del 2016, pero este lunes se concretó su captura en la frontera con México, a donde llegó de un peripl que comenzó en Florencia, Italia.
“El MP ha tenido conocimiento que desea someterse a la Justicia y en todo caso va a ser detenido y se harán las peticiones acorde a los antecedentes que tenemos en el presente caso”, dijo Juan Francisco Sandoval, jefe de Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).
Sobre Sinibaldi pesan ocho órdenes de captura, por el caso Cooptación del Estado, dos por el caso Construcción y Corrupción, una por el caso Odebrecht y otra por el caso Transurbano, caso ASA, entre otras.
En diciembre del 2019, el gobierno de Estados Unidos designó prófugo de la justicia a Sinibaldi.
De acuerdo con la agencia AFP, para ese entonces Sinibaldi había entrado a la lista negra del gobierno estadounidense, lo que le impedía el ingreso a su territorio.
Además de Sinibaldi, estaban en la lista negra su esposa María José Saravia Mendoza, su hijo Alejandro Sinibaldi Saravia y dos hijos menores de edad.
En un comunicado, Sinibaldi, en el que se define como un prófugo de la Justicia, expuso que luego de cuatro años y tres meses decidió afrontar los señalamientos que las autoridades le hacen, a quienes le pide que se garantice su seguridad y que se respete sus derechos y el debido proceso.
“Me someto a las autoridades judiciales y fiscales confiando en el profesionalismo, objetividad y transparencia de sus funcionarios, a quienes solicito iniciar esta etapa del proceso sin ningún sesgo o presión mediática y que se respeten mis derechos fundamentales y el debido proceso”, dice una parte del comunicado.
Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, declaró el caso en reserva -lo que impide que los medios puedan estar en la sala de audiencias y prohíbe a las partes procesales dar detalles sobre el proceso- y programó la audiencia de primera declaración para el jueves 27 de agosto por el caso Cooptación del Estado, el más antiguo de todas las causas que el exministro deberá afrontar.
Antecedentes
Sinibaldi fue ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, entre el 2012 y el 2014.
Un año después fue proclamado candidato presidencial por el PP, pero renunció al partido y abandonó el país, en medio de los señalamientos de corrupción contra esa administración formulados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
El más reciente caso de corrupción contra Sinibaldi se refiere a un desfalco de Q26 millones de un banco para financiar la campaña del PP.
En septiembre del 2019, el Juzgado Undécimo Penal ordenó la captura del exministro por el caso Transurbano, donde se le señala de estar vinculado con empresas de cartón beneficiadas con contratos de seguridad para el servicio de transporte.
Las compañías son Seguridad ASA, S.A. -por las siglas de su primer nombre y apellidos- y Servicios Marítimos y Aéreos del Norte, S.A.. Ambas recibieron Q978 mil 794.64, según la pesquisa.
También está implicado en el caso Odebrecht, que salpicó a políticos y gobernantes de Sudamérica. El MP lo señala de haber negociado con los empresarios brasileños para la adjudicación de un tramo carretero de la Costa Sur.
De acuerdo con el MP, Sinibaldi recibió US$19.7 millones -Q146 millones, es decir 7.5 por ciento de los US$300 millones del contrato- para repartir en coimas entre personas como Carlos Arturo Batres Gil y Manuel Baldizón.
Sobre el caso Construcción y Corrupción, la Fiscalía cree que Sinibaldi, a través de empresas de cartón, habría recibido US$10 millones en sobornos, tanto para que el Ministerio de Comunicaciones adjudicara obras o para pagar deuda de arrastre. En audiencias judiciales, empresarios lo confirmaron.
Por ejemplo, empresarios procesados ante el Juzgado de Mayor Riesgo D señalaron en octubre del 2017 que Sinibaldi les cobró unos Q19.7 millones. En ese mismo caso, Álvaro Mayorga, directivo de la Constructora Nacional S.A. (Conasa) e implicado, dijo el 7 de agosto de 2017 al juzgado que la empresa habría pagado Q36 millones en sobornos a Sinibaldi.
En el caso Cooperacha, Sinibaldi habría aportado Q2.5 millones y US$245 mil en regalos para Pérez Molina y Baldetti.
Antes de clausurar sus operaciones, la Cicig denunció ante el MP a Sinibaldi, Manuel Baldizón, expresidenciable implicado en corrupción aquí y condenado a cuatro años de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero, y a Gustavo Herrera, asilado en Nicaragua.
A los tres los señala de haber influido en la elección de las cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2014-2019.
Recomienda redoblar seguridad
Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, dijo en su cuenta de Twitter que recomienda redoblar la seguridad del exministro Sinibaldi.
“Recomiendo urgentemente (al Ministerio de Gobernación y al Sistema Penitenciario) redoblar la seguridad del privado de libertad Alejandro Sinibaldi, por lo trascendental de los casos, no hay que descartar que pudiesen haber personas interesadas en que no declare. Es fundamental garantizar su derecho a la vida”, dijo Rodas.
Recomiendo urgentemente al @mingobguate y @Dgspg redoblar la seguridad del privado de libertad Alejandro Sinibaldi, por lo trascendental de los casos, no hay que descartar que pudiesen haber personas interesadas en que no declare. Es fundamental garantizar su derecho a la vida. https://t.co/o9EoeT54pf
— Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) August 25, 2020
