Se frena compra de armas para la PNC por denuncia de la Contraloría y reclamos de proveedores
Director de PNC garantiza armas para nueva promoción que se graduará en septiembre pero muestra preocupación por la que se graduará en diez meses.
Este mes se graduará una promoción de nuevos agentes de PNC y en diez meses habrá otra, por lo que son necesarias más armas de fuego.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La compra de 10 mil armas, a un costo de Q84 millones, para la Policía Nacional Civil (PNC) entró en un laberinto: hay dos acciones administrativas pendientes de resolverse y la Contraloría General de Cuentas (CGC) promovió una denuncia ante el Ministerio Público.
La junta de licitación concedió la compra de pistolas, el pasado 6 de junio, a la sociedad anónima Mundo de las Armas, cuyos representantes legales son hermanos de la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso.
La CGC cuestiona la adjudicación porque se ocurrió en el marco de un evento de licitación pública en la que participaron tres oferentes y se otorgó a Mundo de las Armas bajo la modalidad de proveedor único.
Según el Mingob, la decisión final del Ministerio de Gobernación se detuvo por los dos recursos administrativos que interpusieron los otros dos oferentes que participaron en la licitación. Mientras, el director de la institución policial muestra preocupación ante una eventual falta de armamento.
A inicios de julio, la Contraloría General de Cuentas (CGC) emitió recomendaciones sobre el proceso de adquisición de pistolas calibre 9 x 19 milímetros, a la espera de que fueran atendidas por la cartera del Interior. En el portal Guatecompras, el evento permanece adjudicado, y el contrato indica que la compra ya fue firmada; sin embargo, antes de la publicación de esta nota, no había respuesta por parte de la CGC sobre cómo finalizó el proceso.
“El recurso no ha sido resuelto todavía. Es el ministro quien tiene que recibirlo y luego dar una resolución para determinar si las armas se compran o no”, indicó Byron Ochoa, subdirector de Logística de la PNC.
Agregó: “La notificación provino de la Contraloría; sin embargo, ya no corresponde a las unidades técnicas del Ministerio, sino que directamente debe ser evaluada y resuelta por el titular de la institución”.
Preocupación
El director general de la PNC, David Custodio Boteo, afirmó que el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, está a la espera de las recomendaciones o decisiones que le presenten en esa cartera para determinar si continuará o no con la compra de armas.
Custodio Boteo indicó que para septiembre habrá disponibilidad de armamento para los 3 mil 200 nuevos agentes que se graduarán; sin embargo, expresó su preocupación porque, dentro de 10 meses, egresará otra promoción de 3 mil 500 policías, para quienes también deben contar con equipo.
“Sí o sí debe haber armas. No solo cortas; también fusiles y chalecos”, precisó.
Según el director, el objetivo es incorporar este año alrededor de 5 mil nuevos agentes, lo que requiere reforzar el equipo y el armamento tanto para los ingresantes como para quienes ya están en servicio.
“A mí no me interesa la marca; lo que me interesa es que haya disponibilidad de armas y que sean buenas, como Glock, Jericho o Pietro, que son las que usamos actualmente”, afirmó.
Respuestas
Se consultó a la CGC para obtener información actual del caso y respondieron que: "La CGC continuó con el proceso de auditoría, con el análisis de información proporcionada por entidades de gobierno, después de finalizada se detectaron hallazgos de donde se derivó una acción legal, en este caso se presentó denuncia ante el Ministerio Público el 14 de Agosto 2025".
Por su parte, el ministerio de Gobernación respondió que, “la adquisición de armamento se mantiene bajo revisión técnica y financiera, sin comprometer la planificación estratégica de seguridad”.
“La Policía Nacional Civil, en conjunto con el Ministerio de Gobernación, continúa dando seguimiento técnico-jurídico al proceso de adquisición de armas para fortalecer la capacidad operativa de la institución”, indicaron en un documento de respuesta.
Según indicaron, el proceso, que se encuentra aún vigente, fue objeto de dos recursos de reposición interpuestos por oferentes que no cumplían con los requisitos técnicos del evento.
“Conforme a Ley de Contrataciones del Estado estos recursos tienen efectos suspensivos automáticos, por lo que no fue una acción directa de la Contraloría General de Cuentas la que detuvo el procedimiento como se ha interpretado en algunos espacios”, refieren.
Agregaron: “En paralelo, la Contraloría promovió una denuncia relacionada con el ingreso de armas al país. Dicho ingreso fue realizado bajo responsabilidad del proveedor, y no constituye una acción atribuible al Ministerio de Gobernación ni a la Policía Nacional Civil”.
Indicaron que, actualmente, las audiencias requeridas por la ley ya fueron evacuadas, incluyendo las de la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación y la Procuraduría General de la Nación, y se está a la “espera de la resolución definitiva conforme al marco legal vigente”.
“Adicionalmente, y dado que nos encontramos en la recta final del presupuesto 2025, se está realizando un análisis financiero para determinar si la adquisición se ejecutará dentro de este año con este proceso o se reprogramará para el siguiente ciclo presupuestario en uno nuevo”, refieren.
Concluyeron en que la dotación de armamento es “una prioridad institucional, especialmente ante la inminente graduación de una nueva promoción de agentes, y como parte de la estrategia integral de modernización, equipamiento y fortalecimiento de capacidades operativas de la PNC”.
Semanas atrás, el ministro Jiménez informó en una rueda de prensa que está bajo análisis el evento de licitación adjudicado por Q84 millones para la compra de armas de fuego, tras una serie de reportes enviados por la CGC.
El pasado 2 de julio, la CGC reiteró los hallazgos relacionados con el evento, el cual fue clasificado bajo la modalidad de proveedor único, con el argumento de que las armas requeridas por la institución solo son comercializadas por la empresa adjudicada.
Durante el proceso de licitación, tres empresas presentaron ofertas. Una de ellas expresó inconformidad con la decisión de la junta calificadora, al alegar que las armas están disponibles en el mercado nacional y denunciar una aparente sobrevaloración.
El evento de licitación, identificado con el número 25430939, fue publicado el 21 de abril en el portal Guatecompras. Las ofertas se recibieron durante 30 minutos, el 5 de mayo.
Participaron tres empresas: Almacén El Bisonte, Sociedad Anónima; Tecnología, Importaciones Latinos, Sociedad Anónima; y Mundo de las Armas, Sociedad Anónima. El 6 de junio, la adjudicación fue otorgada a esta última. Sus representantes legales son Eddy Arnoldo Gómez Gálvez y los hermanos Óscar Francisco y Renzo Ricardo Grazioso Sierra, estos últimos hermanos de Liwy Grazioso Sierra, ministra de Cultura y Deportes.
Las advertencias de la Contraloría
En la primera carta, la CGC comunicó al ministro de Gobernación los hallazgos de la auditoría y explicó que, pese a la participación de tres empresas distintas, el evento fue considerado como de proveedor único.
En las conclusiones de esa comunicación, según actas a las que tuvo acceso Prensa Libre, la CGC detalló: “Se sirvan analizar objetivamente el proceso de adquisición, previo a la suscripción del contrato, [el cual] podrá ser objeto de acción legal por existir incumplimientos al Decreto 57-92”, en referencia a la Ley de Contrataciones del Estado.
La segunda comunicación, enviada el 2 de julio, fue más directa al insistir en que es necesario que las autoridades de la cartera tomen medidas inmediatas respecto del proceso de adjudicación. Además, solicitó al Ministerio de Gobernación un informe que explique las acciones adoptadas.
“Deberán notificar al equipo de auditoría las acciones legales y/o administrativas, en un plazo no mayor de tres días hábiles de recibida la presente nota. Asimismo, deberán publicar en Guatecompras las acciones realizadas, para conocimiento general y público”, concluyó la Contraloría.
El contrato
El Ministerio de Gobernación concedió la compra 10 mil pistolas marca Pietro Beretta, a un precio unitario de Q8,499.68. Las pistolas, calibre 9 x 19 milímetros, cuentan con un sistema de disparo de simple y doble acción, corredera de acero de una sola pieza, armaduras de aluminio reforzado ultraliviano y número de registro correlativo en la caja del mecanismo, corredera y cañón, entre otras especificaciones técnicas.
Cada pistola debe incluir tres cargadores estándar con capacidad para 15 cartuchos, un kit de limpieza por cada arma de fuego y un grabado en la corredera con la leyenda: "PNC-GUATEMALA".
Historial de acciones según la CGC
- El 5 de mayo del 2025, la Contraloría General de Cuentas designó a un equipo de auditoría para realizar un examen especial de auditoría concurrente.
- El 25 de junio del 2025, la CGC envió la primera nota de auditoría con las recomendaciones respectivas, entre ellas el uso inadecuado del proveedor único.
- El 2 de julio del 2025, la Contraloría envió nuevamente al Mingob una segunda nota de auditoría en la que ratificó las recomendaciones realizadas.
- El 7 de julio, el Mingob solicitó cuatro días de prórroga para responder las notas de auditoría; sin embargo, ya no hubo respuesta alguna por parte de dicha institución.
- La CGC continuó con el proceso de auditoría y el análisis de la información proporcionada por entidades de gobierno. Una vez finalizado el proceso, se detectaron hallazgos de los cuales se derivó una acción legal: se presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 14 de agosto del 2025.







