En detalle, la Cicig cuestiona que Charchal pueda ser sobreseido por tráfico de influencias porque este delito tiene seis años de condena, lo cual escapa de los procedimientos abreviados porque solo se establecen delitos menores de cinco años.
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Asimismo, la PGN señaló que aún no se había acordado una reparación digna al Estado de Guatemala por las actuaciones ilegales en las habría incurrido Charchal.
Charchal es sindicado de haber intervenido para que un juzgado de Escuintla emitiera una resolución que beneficiaba a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Es señalado por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.
La intención de la empresa era eliminar una multa que le había impuesto la municipalidad de Puerto San José, por construir una ampliación a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) sin autorización.
El terreno donde se desarrolló la construcción fue entregado a TCQ como parte de un usufructo oneroso por el cual la entidad habría entregado un soborno de US$30 millones. Según las pesquisas, una parte fue a parar a las cuentas de los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Condena
José Daniel Luna Argueta, exsecretario de un juzgado de Escuintla, acusado de cohecho pasivo, fue sentenciado a cinco años al reconocer que había recibido Q50 mil en sobornos. Como ya pasó dos años y medio en prisión preventiva, Gálvez suspendió la condena, pero deberá pagar una multa de Q50 mil y desembolsar otros Q50 mil de reparación digna al Estado de Guatemala.
Luna fue quien finalmente manipuló la resolución a favor de TCQ en la que Charchal estaba interveniendo.
El español Juan José Suárez, exdirector general de Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), filial en Guatemala del grupo español TCB, también está sometido al procedimiento abrevido y está señalado de los delitos de estafa y cohecho activo.
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