- Myra Lisbeth Gómez Suárez, secretaria del IGSS.
- Alba Maritza Maldonado Galboa, enfermera de IGSS.
- Delia Ahidee Castañón Guerra, enfermera del IGSS.
- Carmen Yadira Gil Quiñónez, que integró una junta de licitación.
- Doris Eluvia González Salazar, técnica en hemodiálisis.
Beneficiados, ligados por el delito de asociación ilícita y cohecho activo:
- Herbeth Rodolfo García, trabajador de Droguería Pisa.
- Arturo Adolfo Castellanos Poou, médico del IGSS.
Beneficiado, sindicado de fraude y asociación ilícita:
- Salvador Álvarez, pareja sentimental de una representante mercantil que tiene relación con el IGSS.
“El Ministerio Público no pudo acreditar el peligro de obstaculizar la verdad”, dijo David Pineda, abogado defensor de los implicados Ramiro Lorenzana y Edgar de la Peña, quienes no obtuvieron medidas sustitutivas. El defensor agregó que espera que más adelante se les otorgue ese beneficio.
Este martes continuará el debate.
Corrupción y muerte
En octubre del 2016, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal comenzó el juicio contra 20 implicados. A un grupo de ellos se les señalaba de haber beneficiado a la Droguería Pisa con un contrato para el tratamiento de pacientes renales.
El segundo caso, según las investigaciones del MP, al exdiputado Baudilio Hichos le fue otorgado un contrato de arrendamiento de manera ilícita donde funcionaba una clínica del Seguro Social en Chiquimula.
Por el caso están implicados Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada Blanca Stalling, y el expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, quienes continúan en prisión.
De acuerdo con un registro de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) del 2016, 40 pacientes murieron a consecuencia del tratamiento de mala calidad.
