Este detalle se conoce debido a la descripción que ofreció uno de los testigos del caso, quien relató que cerca de Chiantla, Huehuetenango, la socióloga fue interceptada por un grupo armado que pretendía robarle el automóvil.
A Quan y a otra persona los colocaron en la parte trasera del vehículo, pero al pasar por un túmulo, la profesional aprovechó para lanzarse del automotor, lo que pudo haber causado los golpes que sufrió.
Según las pesquisas, los delincuentes se detuvieron para levantarla, la trasladaron a otro lugar, la ataron y la dejaron en un lugar conocido como “La Cruz de Canalix”, entre los municipios de Chiantla y San Juan Ixcoy, Huehuetenango, donde fue encontrada sin vida.
Las investigaciones revelan que en ese sitio perdió el conocimiento; el frío del área y las lesiones causaron que órganos vitales colapsaran.
Quan murió el 7 de diciembre último, cuando se disponía a entregar libros en algunas comunidades.
Horas después, pobladores retuvieron Evelio Arístides Rivas, de 36 años, y Jorge Hernán López, 18, por este hecho, y después los lincharon.
Cambio de fiscal
Debido a la petición de varias organizaciones sociales, el proceso ya no se tramitará en Huehuetenango, sino en la Fiscalía contra el Crimen Organizado de la capital.
Rony López, jefe de la referida fiscalía, explicó que el expediente ya está en sus manos y ahora se buscará la forma de establecer quiénes podrían ser los culpables del crimen.
Agregó que una de las hipótesis es que los delincuentes intentaban robarle el auto de la socióloga.
“También verificaremos la hipótesis de que su muerte es producto de las actividades que ella realizaba”, afirmó López.
Quan elaboró el programa “Caminando hacia la transparencia, auditoría social en Huehuetenango”, donde se detallan anomalías en la ejecución de obras del Consejo Departamental de Desarrollo.
Entre las irregularidades se señalan posibles actos de corrupción en la construcción de un Centro de Atención Integral para la Mujer, por Q1.4 millones, y un proyecto de agua entubada para beneficiar a 349 vecinos de la zona 7 de la cabecera departamental, por Q2.5 millones.
Dirigentes de organizaciones sociales no dan crédito a la teoría de los golpes de Quan, tras haberse lanzado del auto, porque si querían robar el vehículo y se tratara delincuencia común, no hubieran detenido la marcha para obligarla a subir de nuevo.
