La denuncia pública la hizo la diputada Ligia Hernández, del Movimiento Semilla, quien convocó la semana pasada a una reunión de trabajo del Colectivo Artesana, que es la organización encargada de la logística y distribución de los alimentos, así como representantes de la
Procuraduría de los Derechos Humanos y autoridades de Sosep y de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).
En ese encuentro, según Hernández, las autoridades de la Sosep argumentaron que “existe una serie de hallazgos por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC) al convenio”, por lo que no le han dado cumplimiento.
Sin embargo, los hallazgos a los que se refiere la Sosep son “de tipo administrativo. Eso quiere decir que son errores que ha cometido la Sosep” en redacción o elaboración de los informes, entre otros, comentó la diputada.
Por lo anterior, Hernández advirtió de que la Sosep está recayendo en “incumplimiento e ilegalidad, porque hay deficiencias administrativas que tienen que ver con la poca capacidad de conducción”, por lo que consideró que se asumen compromisos sin capacidad institucional, lo que afecta la vida y el desarrollo de los menores.
Hace un mes asumió la Sosep Sara Eugenia López Gálvez, quien “tiene un desconocimiento absoluto del tema”, señaló la congresista, y agregó que esta semana se espera que se propicie una mesa de diálogo entre el Colectivo Artesana y la Sosep, a fin de que se restaure el derecho de la alimentación que afecta directamente a los 70 menores.
En la reunión se tuvo conocimiento del resultado de la auditoría realizada por la CGC, en el que se reportaron 11 hallazgos para la Sosep, y de estos solamente dos están relacionados con el convenio con el Colectivo y son de carácter administrativo, el resto están vinculados con otros programas que no se han interrumpido de la misma manera.
Ese convenio contempla Q12 diarios para 135 niños, monto que cubre desayuno, almuerzo y dos refacciones, solamente de lunes a viernes. Como actualmente son 70 pequeños quienes cohabitan con sus progenitoras reclusas, el Colectivo Artesana logró acuerdos con Sosep para que la diferencia se utilice para cubrir las cenas y la alimentación para los fines de semana, tanto para los menores de edad, así como incluir a las mujeres embarazadas y lactantes.
El derecho vulnerado
La coordinadora de Colectivo Artesana, Andrea Barrios, indicó que los movimientos relacionados con el convenio han sido revisados por la CGC, y hasta el momento no han sido notificadas de ningún hallazgo, y manifestó su preocupación por el derecho vulnerado a la alimentación de los infantes.
Barrios tiene claro que el punto más importante en este momento es “el derecho que tienen los niños a recibir la alimentación, y que en este momento está siendo vulnerado”. Agregó que los pequeños han sido alimentados por medio de donativos que de forma permanente tiene la DGSP y las que ha gestionado el Colectivo Artesana.
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La coordinadora del Colectivo manifestó su buena disposición para instalar una mesa técnica de diálogo, a fin de restituir el derecho vulnerado de los menores que cohabitan con sus madres reclusas, e hizo referencia que presentaron una propuesta para replantear el programa “desarrollando un nuevo modelo que se adecúe a las necesidades que tienen los niños que están en los centros de detención”, por lo que están a la espera de las nuevas disposiciones por parte de Sosep.
Alimentación con donativos
En febrero y abril, personal de la Unidad de Niñez de la PDH efectuó un recorrido en los centros carcelarios en donde se encuentran cohabitando con sus madres. De acuerdo con María Caba, se verificó que se estaba proporcionando alimentación a los menores y desde enero este servicio ha sido irregular, porque se ha sostenido con donativos.
Caba subrayó que “el Estado les debe garantizar todos los derechos que les asiste como niños”, y durante la inspección lograron detectar que existen “muchas carencias, hacinamiento, los sanitarios en malas condiciones, a veces no hay agua, falta de personal médico”, por lo que consideró urgente garantizar un ambiente idóneo para los infantes e impulsar estrategias para un mejor desarrollo.
“Deben crear las condiciones, de manera que si va a haber cambios, que sean paulatinos, porque no pueden dejar de darles de comer a los niños, y ellos tienen ese derecho”, recomendó Caba.
El equipo de Prensa Libre intentó obtener la versión de las autoridades de la Sosep, a fin de conocer los motivos por los cuales se suspendió el convenio, los resultados de la auditoría realizada por parte de la CGC y las estrategias para restituir el derecho a la alimentación, pero no respondieron.
¿Por qué la Sosep?
De acuerdo con los lineamientos del Comité de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, los estándares internacionales emitidos por Naciones Unidas, todos coinciden en que los niños que permanecen con sus madres en un centro de privación de libertad gozan de los mismos derechos que cualquier otro infante, explicó Andrea Barrios, del Colectivo Artesana.
Por la edad en que los menores cohabitan con sus progenitoras, que es de cero a 4 años, al analizar la razón de ser de la Sosep y del programa de hogares comunitarios y el lineamiento que da el Comité de los Derechos del Niño, es la Sosep la entidad encargada de brindar “apoyo especializado, no solo para la alimentación, sino a su formación y desarrollo integral”, tal y como lo manda su misión institucional, explicó Barrios.
