Una hora después, con la lonchera de ambas preparada, Alejandra salió rumbo al colegio de su hija y luego se dirigió hacia la misma parada de autobús que de la zona 21 la llevaba al Trébol.
No hizo nada diferente a lo que hacía cada día durante los últimos años. Llevaba nueve años de vivir en el mismo lugar y ya se había acostumbrado a esa rutina, incluidos los riesgos que representa vivir en esa parte de la ciudad. Su vida transcurría tranquila.
Eran casi las 7. Era un día difícil. “Los buses pasan llenos y ya ni siquiera paran, siguen de largo”, narró Alejandra a Prensa Libre al recordar los sucesos de ese día.
“Al ver que eran casi las siete y media, decidí tomar un taxi colectivo para evitar llegar tarde a mi trabajo”, contó.
En Guatemala, un taxi colectivo es un vehículo particular que tiene una ruta establecida y a cambio de Q5 o Q10 presta un servicio de transporte que no está regulado. De acuerdo con el reglamento de tránsito son ilegales.
Alejandra abordó el vehículo, se acomodó en el asiento trasero. En total iban seis personas en un taxi con capacidad para trasladar a cinco. Aparte de ella viajaban tres mujeres, un hombre y el piloto.
Uno a uno los pasajeros fueron descendiendo del automóvil durante el recorrido por la calzada Atanasio Tzul y otro más bajó cerca de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Sustancia
“Solo íbamos dos mujeres cuando el conductor comenzó a rociar algo. Según él era alcohol para desinfectar”, recordó Alejandra.
“No sé si fueron minutos o segundos, pero luego de que roció ese espray el piloto, ya no recuerdo nada. Cuando desperté estaba en unas calles extrañas que no reconocí”, agregó.
Alejandra recobró la conciencia y su ropa estaba sucia, su pantalón tenía algunas partes rotas. Sabía que algo había pasado, pero no sabía qué. Le dolían varias partes del cuerpo y tenía un fuerte dolor de cabeza.
Como pudo logró ponerse de pie, caminó hacia la vía principal y ahí encontró algunas casas. En una de ellas recibió ayuda.
Después de unos cuatro intentos atinó al número de teléfono de su madre y al escuchar al otro lado del auricular soltó en llanto y poco a poco fue consciente de lo que le había sucedido.
Estaba en San Juan Sacatepéquez, a más de 20 kilómetros de la capital. “Mis familiares me estuvieron buscando durante tres días. Mis compañeros de trabajo pusieron la alerta porque no me presenté a trabajar”, dijo Alejandra.
“Por un momento pensé que todo era una pesadilla, pero al abrazar a mi hija me recordé de que ella es mi razón de vivir, de luchar”, refirió.
Dos días después de haber aparecido y con una idea más clara de lo que le sucedió, encontró el valor para someterse a una evaluación médica. Esta arrojó que fue golpeada, drogada y abusada sexualmente.
“Tengo mucho miedo. Ahora duermo con la luz encendida, tuve que cambiar de residencia, no me gusta caminar sola. Trato de ser fuerte porque tengo una hija que me pregunta constantemente por todo”, afirmó.
Una puerta cerrada
Cuando Alejandra fue consciente de su condición de víctima y conoció la necesidad de justicia, se acercó al Ministerio Público para presentar una denuncia formal por lo sucedido.
Ella no anotó la matrícula del vehículo antes de subir. Nunca ha tenido vehículo y tampoco sabe reconocer la marca. No le preguntó al piloto su nombre, por lo que tampoco sabe identificarlo formalmente. Todo lo que recuerda es que el conductor portaba mascarilla, una gorra blanca y un sudadero de manga larga.
Alejandra sabe dónde abordó el vehículo, pero eso no es suficiente para la Fiscalía, que ante la imposibilidad de que la víctima aportara más datos se negó a recibir la denuncia.
“Todos estos días han sido bastante difíciles. Me invade la tristeza y un sentimiento de culpa. He llegado a pensar que Dios me abandonó”, expresó Alejandra. Actualmente recibe apoyo psicológico que le paga un familiar.
Toda la información posible
Se consultó al jefe de prensa del MP, Juan Luis Pantaleón, si existe algún protocolo para seguir en este tipo de hechos y respondió que “depende del caso”. “Tenemos rutas de atención. Hay algunas que es necesario remitirlas a centros asistenciales para su atención inmediata”, aseguró.
Respecto de la información que les piden a las víctimas al presentar la denuncia, detalló que “se trata de obtener todos los datos posibles para identificar al agresor. Por esa razón sí se trata de preguntarle todos los datos que ella pueda recordar”, a fin de poder identificar y dar con el paradero del atacante
Entre otros datos, Pantaleón agregó que se requiere el nombre y la dirección, “si el sujeto es conocido de la víctima.
Alejandra tiene 29 años y tenía previsto festejar de forma especial sus 30, en abril del 2023. Ahora, dice, “no tengo nada que celebrar”, si bien está viva, la atormentan muchas preguntas. Entre estas “¿Por qué me pasó esto a mí?”.
Todos los datos posibles
Se consulto con el jefe de prensa del MP, Juan Luis Pantaleón sobre si existe algún tipo de protocolo a seguir con este tipo de casos y respondió que “depende el caso, tenemos rutas de atención, hay casos que es necesario remitirlas a centros asistenciales para su atención inmediata” aseguró.
Con respecto a los datos que se le requieren a las victimas al momento de presentar la denuncia detalló que “se trata de obtener de la victima todos los datos posibles, para identificar al agresor, por esa razón sí se trata de preguntarle todos los datos que ella pueda recordar” a fin de poder identificar y dar con el paradero del atacante.
Pantaleón agregó que se requiere el nombre y la dirección “si el sujeto es conocido de la victima, caso contrario no, porque se entiende que ella no lo conoce” dijo.
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