El bloqueo a escuchar esas conversaciones fue decisión de Claudette Domínguez, jueza de Mayor Riesgo A, porque la presidenciable goza de inmunidad.
“Como el caso tiene 250 escuchas seleccionadas, se omitieron las que ya habíamos preparado donde uno de los hallazgos inevitables en ese entonces fue la voz de Torres. En su lugar, se reprodujeron otras 127 como indicios del financiamiento electoral no registrado”, explicó el fiscal Andrei.
Los sindicados de financiamiento electoral no registrado son Guillermo Alejandro Sierra Sierra, docente universitario; Víctor de Jesús Duarte Mendoza, trabajador del Congreso; Juan Pablo García Castro, desarrollador de proyectos inmobiliarios, y Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, secretario privado de Álvaro Colom Caballeros, presidente de la República de 2008 a 2012. Los cuatro están en prisión provisional desde el 6 de febrero pasado.
Ese día, el Ministerio Público (MP) solicitó junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) el retiro de la inmunidad de Torres y los diputados Karina Paz, Julio César Ixcamey, Carlos López Giron, Julio César López Villatoro y Jairo Joaquín Flores, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo rechazó, sin entrar a conocer, el 27 de febrero.
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Las interceptaciones
El 5 de mayo del 2015 Alejos conversó con una mujer donde dice que tiene una cita con “Sandra” y después dice: “No, es con Mario Leal Castillo -exvicepresidenciable de Torres en 2015, prófugo- que tengo cita”.
Después Alejos pregunta: “¿Cómo hago yo para dar mi aporte?” y la mujer le responde: “No nos permiten facturar”. Alejos le aclara: “Yo tampoco quiero que sepan que son cheques míos. Quiero ingresarlo directamente ahí. Con cheque de caja, al partido. ¿A nombre de quién?” y la mujer le dice que le enviará los datos concretos “para que no haya ningún error”.
Alejos y aviador
Otra conversación que se reprodujo fue entre Alejos y “una persona de nombre Giovanni” -para el ente investigador es Giovanni Maldonado, piloto aviador- del 5 de mayo del 2015, donde hablan acerca de una “gira” del 8, 9 y 10 de mayo de ese año en referencia al traslado de Torres vía aérea.
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Llamada con Leal
“¿Qué dice don Marito? ¿Qué dice mi vicepresidente, hombre?”, saluda Alejos a Leal Castillo en abril de 2015. “Echando punta”, responde Leal.
Después Alejos lo felicita: “Yo sé que vas bien, vos. Tengo mucha fe en el proyecto, oíste”. La conversación se centró en que Leal le pidió tuvieran una reunión. “Mirá, juntémonos”.
La Fiscalía cuenta con indicios en que la reunión era para pactar el aporte a la agrupación política UNE de Alejos. El 13 de mayo del 2015 Alejos habló con Leal acerca de la reunión.
Un día después, Leal le dijo a Alejos que el cheque ya había sido liberado. “La secretaria me dijo que ya le hablaron del banco y el cheque ya fue liberado”, dijo.
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Otros que se escucharon
Una de las escuchas que reprodujo el fiscal fue la conversación de “una persona identificada como Graciela”, que para la Fiscalía es Ana Graciela López Gálvez, procesada en el caso Cooptación del Estado de Guatemala, quien mostró interés el 6 de mayo del 2015 para aportar a la UNE.
-Aló.
-¿Doña Graciela?
-¿Qué dice Gustavito?
-¿Cómo anda para las cuatro? ¿Está muy ocupada?
-No, ¿pero de qué querés que hablemos?
-Mire, pues, nos vamos a abocar con Mario ahorita a las tres y a las cuatro con dos gentes más que lo están ayudando.
-Ok, para determinar.
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Dieron y recibieron dinero
El señalamiento contra Alejos es por haber aportado Q500 mil por medio de un cheque en mayo de 2015. Fue señalado por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.
Duarte es señalado porque la Fiscalía cuenta con copias de un cheque por Q100 mil de octubre de 2015 que recibió para la campaña de la UNE; Sierra, quien fue candidato a diputado por la UNE en Alta Verapaz en 2015, recibió un cheque por Q50 mil para los gastos de campaña, y García Castro se le señaló que hizo transacciones del Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe para el aporte de dinero destinado a los gastos de campaña. Además, habría remitido un cheque por Q500 mil a la campaña de ese partido el 7 de mayo del 2015 y en una declaración jurada especificó que el dinero era de procedencia lícita.
El caso
La investigación develó la existencia de una supuesta estructura vinculada con el pago de sobornos para la agilización de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Así se detectaron movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S.A., hacia la entidad MAARIV, S.A.
La entidad Ingeniería Integral era manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias.
Al rastrear los movimientos de la entidad MAARIV S.A., se detectó que las cuentas eran utilizadas por Leal Castillo.
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Según la investigación del MP y la Cicig, las diligencias de investigación revelaron que la UNE utilizó a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (Prohabsa) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña. De esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
La Fiscalía estableció que a través de dichas entidades se hacía llegar la aportación de dinero procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la SAT, dinero que en parte ingresó a la cuenta oficial de campaña de la UNE.
Los aportes identificados que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral por el partido UNE, sumaron Q19 millones 531 mil 753.10.
El caso cuenta con evidencia documental, testimonial y científica recabada a través de más de 21 allanamientos, 60 declaraciones testimoniales e informes del TSE e entidades bancarias.
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